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El Consell ha remitido a Fiscalía el contrato firmado en 2003 con MAC Insular, la empresa que gestiona los escombros, ante la posibilidad de que existan irregularidades penales. La presidenta, Maria Salom, aseguró que no pretende ir contra nadie, pero también recalcó que su obligación era informar a la Fiscalía de las observaciones de los técnicos. Salom anunció además que el Consell inciará los trámites para anular este contrato. Esto es lo que dice el informe.

Sobretasación de los terrenos. El informe asegura que hay una sobrevaloración del coste de los terrenos que la empresa está repercutiendo en la tarifa desde 2007. Ahí está el posible delito. Los terrenos se tasaron en 9,7 millones, pero los ténicos del Consell los cifran en un máximo de 860.000 euros, aunque dicen que no son expertos en la materia.

Compra previa de los solares. Los técnicos aseguran que Tirme compró la finca donde se ubica la planta de tratamiento en 2000, dos años antes de que el plan director sectorial determinara dónde debían ubicarse las infraestructuras de tratamiento.

Constitución de la empresa con antelación. El informe detalla además que las tres empresas que formaron en su día MAC Insular (Tirme, el Corral den Serra y Gestión del Medio Ambiente Insular) comstituyeron la sociedad en noviembre de 2002, antes de que se conociera el concurso «con la exclsuiva finalidad de participar en un concurso que no se había convocado».

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Una adjudicación sin criterios claros. El informe añade que no figuran informes técnicos relativos a los criterios que se siguieron para que MAC ganara el concurso.

No hubo trámite de información pública. Añade que no se cumplió este precepto cuando se convocó el concurso, lo que implica la «nulidad absoluta» del acuerdo adoptado en su día

El proyecto no lo aprobó el pleno, sino el conseller. Los proyectos técnicos los aprobó el conseller d'Hisenda, Miquel Angel Flaquer, cuando el órgano competente era el pleno.

No está acreditado que se hicieran las inversiones. Los técnicos piden que se haga una auditoria ya no que no hay constancia de que se hayan hecho algunas inversiones.

Tenía que ser una SL y no una SA. La empresa se constituyó como sociedad anónima y no como sociedad limitada y como consecuencia de ello no tuvo que hacer un peritaje externo de sus inversiones.