Morales, de 21 años, se encuentra en prisión desde el pasado mes de octubre, cuando la policía le detuvo inmediatamente después de recibir en su piso de Palma 140 kilos de sustancias explosivas con las que preveía sembrar de bombas la Universitat de les Illes Balears.
El ministerio fiscal pide cinco años de prisión para el joven palmesano, que se ha sometido a diversos exámenes psiquiátricos. En ellos, los médicos aseguran que J.M.M.S. sufre «un trastorno paranoide de la personalidad con rasgos psicopáticos, debiendo ser tratado de forma inmediata para asegurar que el mismo pueda encauzar su vida con una conducta adaptada». El letrado señala en su escrito que con respecto a su cliente «se está infringiendo un derecho fundamental cuando se tiene encarcelado a un presunto culpable» que carece de antecedentes penales. Afirma que no interesa la libertad de su patrocinado «sin más» sino que pide una medida cautelar «más atenuada, pero lo suficientemente intimidatoria para que no eluda la acción de la Justicia», como es la fianza. Añade que Morales necesita tratamiento médico «adecuado» y que no lo recibirá si sigue en el centro penitenciario. Reitera que a la medida cautelerar de la fianza se puede añadir la prohibición de salir del territorio nacional y la comparecencia regular en el juzgado.
