La empresa argumenta que las instituciones no han hecho nada para evitar los vertidos ilegales de escombros. | ultimahora.es

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La empresa concesionaria de la eliminación de escombros en Mallorca, Mac Insular, niega en redondo haber cometido ningún tipo de irregularidad que justifique la anulación del contrato y alerta al Consell de que si mantiene su decisión de anular la concesión, debe abonar 68.501.191 euros en concepto de daños y perjuicios por la rescisión.

Es una de los cuestiones fundamentales que figuran en el escrito de alegaciones de la empresa ante la decisión del Consell de iniciar el expediente de nulidad del contrato. Maria Salom tomó esta decisión a la vista de informe de funcionarios del Consell que detalla que la adjudicación pudo ser nula de pleno derecho porque se cometieron incontables errores. En paralelo, Salom envió el documento a Fiscalía ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito en la valoración de terrenos donde se ubican parte de las instalaciones.

Culpa del Consell

Fuentes del Consell han confirmado que los servicios jurídicos llevan una semana estudiando el documento, que asegura que, de ser ciertas todas las irregularidades, son única y exclusivamente atribuibles al Consell por lo que la empresa concesionaria ha resultado claramente perjudicada. Por ejemplo, si no hubo exposición pública fue por culpa de la institución y no de la empresa. Las mismas fuentes señalan que las causas de nulidad de pleno derecho a las que alude el Consell sólo se pueden referir a actos previos a la adjudicación y en ningún caso se puede apelar a ellas cuando ya han transcurrido más de diez años de la firma del acuerdo.

Perjudicada

Por esta razón, la empresa afirma que es ella la parte perjudicada por la acción del Consell. De hecho, según las mismas fuentes, muestra su sorpresa por el hecho de que la decisión de iniciar el trámite de nulidad se tome en un marco de «conflictividad» que busca claramente perjudicar a la empresa y a su imagen, y después de 10 años de funcionamiento sin un solo reproche jurídico ni expedientes sancionadores ni quejas oficiales por parte de la Administración. En este contexto, la empresa no descarta la petición de responsabilidades personales, es decir, que respondan con su patrimonio personal quienes les han perjudicado.

La empresa presentó la alegaciones la semana pasada, fecha en la que finalizaba el plazo que le otorgó el Consell de Mallorca tras la apertura del expedientes para declarar la nulidad del contrato.