En cualquier caso, a preguntas de Carrau, ha manifestado no tener conciencia de que el entonces vicepresidente insular, Miquel Nadal, le entregase los pliegos para dárselas a Sacresa aunque «es posible que sí», aseverando que nunca abría la correspondencia «que no va a dirigida a mí». «Nadal me prometió que me los remitiría y me dio unos sobres cerrados, pero no miré lo que contenían», ha asegurado.
Insistiendo en este aspecto, el abogado ha manifestado que «si un cliente me entrega un sobre cerrado es porque quiere que siga cerrado», incidiendo en que «no me atrevería a abrir la correspondencia y menos la de Román Sanahúja», en referencia al propietario de Sacresa.
Ante las respuestas ofrecidas por el acusado, el fiscal le ha inquirido si no hubiera sido más rentable para la mercantil contratar un servicio de mensajería, a lo que Fiol ha respondido que él «daba un plus de conocimiento que no da un mensajero».
«*Pero qué conocimiento podía aportar si no abría los sobres?», le ha preguntado Carrau, respondiendo el letrado que también le hacían consultas, si bien sin profundizar al respecto ya que «la discreción y el secreto profesional son sagrados en el ámbito de la abogacía».
Preguntado más en concreto por los 174.000 euros (150.000 más IVA) que percibió de Sacresa por servicios de asesoramiento en el proceso de adjudicación, el acusado ha recordado, «haciendo historia», que a finales de 2004 desde Sacresa contactaron con él para que su despacho, Fiol Abogados, ayudara a la empresa a buscar suelo puesto que en Mallorca «no tenían oficina ni negocio». «Cerramos un acuerdo verbal y después firmamos el contrato, en el que se relacionan los servicios que debía prestar el despacho», ha señalado.
«Lo que hacíamos era localizar suelo, ya que se nos explicó desde Sacresa que buscáramos solares de una dimensión determinada y que estuviera preferiblemente en Palma», ha explicado Fiol, recordando que había «muy pocos» terrenos, con los que elaboraron un dossier para conseguir posteriormente la información registral de las fincas y comprobar después existía una disponibilidad de venta.
Por eso, ha apuntado, es por lo que hay un peritaje de finales «de finales de 2004 ó principios de 2005» que valora en 20 millones el solar de Can Domenge, «independientemente de que el Consell lo quisiera vender».
«Eso es lo que hice e intervine en la elaboración de la documentación que se presentó al concurso», ha recalcado, si bien, al ser preguntado por cuál presentó en concreto, ha manifestado que «no sabría decirlo».
En cualquier caso, ha aclarado que su intervención no se centró en conseguir la adjudicación para Sacresa, sino que realizó una labor dirigida a localizar el suelo para esta empresa y preparar un dossier.
«No preparamos el concurso», ha remachado el acusado a respecto, recalcando que por sus servicios aparecen en las actuaciones unos honorarios profesionales, negando haber sido «un agente o comisionista».
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