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La acusación popular en el caso que investiga el presunto desvío de 1,4 millones de euros públicos en la gestión de Ràdio Calvià, ha puesto de manifiesto mediante un escrito presentado ante la jueza instructora que «ya es el momento» para la imputación del conseller de Turismo y exalcalde del municipio mallorquín, Carlos Delgado, cuyo encausamiento también ha sido solicitado la Guardia Civil, al considerar que su implicación en esta «orquesta criminal» es «indubitativa», además de «chapucera».

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal del Grupo Municipal Socialista de Calvià, querellante en este proceso, asevera que los indicios delictivos «no han hecho más que incrementarse de forma notoria y sustancial», y expone entre ellos cómo una de las facturas investigadas -girada por la mercantil Rumbo Visión- se pagó el 2 de julio de 2004, a pesar de que el contrato de asistencia técnica fue rubricado 28 días después.

Una circunstancia que, según la acusación, lleva a concluir que «con antelación a la convocatoria y a la adjudicación del contrato esa sociedad ya estaba realizando gestiones para Ràdio Calvià», puesto que «se sabía y conocía ganadora por la concertación con las autoridades que tenían competencia en la adjudicación del contrato».

Facturas alteradas

El querellante abunda además en la existencia de facturas «alteradas a mano» y resalta que no fue hasta el 21 de julio de 2004 cuando la mesa de contratación propuso elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación a favor de Rumbo Visión, y el día 23 cuando se decreta la concesión a esta empresa, por lo que «el hecho de que la factura se presente y apruebe su abono con anterioridad a todas esas fechas resulta sumamente clarificador sobre el comportamiento delictivo de los querellados».

Es más, recalca cómo la mesa de contratación, reunida el 5 de julio, elaboró un documento en el que cambiaba la fecha de su sesión al día 6 y mediante el cual se comunicaba la exclusión al otro concursante en el proceso. Sin embargo, destaca que en el acuse de recibo del envío se aprecia que fue el día 2 cuando se remitió el documento, por lo que «días antes de reunirse la mesa de contratación ya estaba tomada la decisión de excluir al competidor de Rumbo Visión».

Un hecho que, a juicio de la acusación, representada por el abogado Pablo Alonso de Caso, «evidencia aún más que el único afán de los querellados era remover cuantos obstáculos pudieran surgir en el camino de su carrera delictiva, pues resulta plenamente inverosímil que todo lo expuesto hasta ahora sean errores materiales».

Nuevas diligencias de investigación

Mediante el escrito, el querellante solicita asimismo la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas que se pida al secretario del Ayuntamiento de Calvià el certificado de la plantilla consolidada -incluida la que presta servicios en las empresas públicas vinculadas al Consistorio- del Entre local de 2003 a la actualidad, a fin de acreditar la suficiencia de recursos personales del Ayuntamiento para desarrollar las funciones que fueron licitadas a las empresas investigadas.

Del mismo modo, pide que la Administración local informe sobre en qué instalaciones se ubica la emisora municipal para poder determinar que el Consistorio contaba y cuenta «con los suficientes» medios materiales; la relación de bienes muebles de titularidad pública que se emplean a diario en Ràdio Calvià; que se relacionen los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento en cada uno de los contratos investigados y los de publicidad obtenidos por la concesionaria de la emisora.

Fracturación de contratos

La jueza instructora ya apuntó en uno de los autos dictados en el marco de esta causa a un fraccionamiento de los contratos para que fueran adjudicados de forma directa así como a su falta de justificación, motivo por el que incoó diligencias contra el conseller, entre otros querellados.

Y es que la querella interpuesta por los socialistas también va dirigida contra el actual alcalde del Consistorio 'calvianer', Manuel Onieva; la exresponsable de comunicación en el Ayuntamiento y actual jefa de prensa de Delgado, María José Merino; la periodista Antonia Pastrana y el último adjudicatario del servicio de la emisora local, Fernando López Hinojosa.

En su resolución judicial, la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, aludía a la existencia de «sospechas racionales» de que en la preparación y desarrollo de los contratos «se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito», aseverando que los hechos revisten características «que permiten suponer» la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

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