La consellera de Educación, Joana Mº Camps, durante la reunión del pasado lunes de la Mesa sectorial de educación. | J. TORRES

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El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) decidirá en los próximo días, antes de que empiece el curso escolar el próximo viernes 13, si suspende de forma cautelar el calendario de aplicación del Decreto que regula el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).

Esta decisión del tribunal dará respuesta a la petición de suspensión del anexo del decreto presentada tanto por el STEI-i como por UGT, sindicatos ambos que impugnaron el decreto en su totalidad pero que, además, en tanto se dicta sentencia acerca de la legalidad o no del TIL reclamaron esta medida cautelar. El decreto en su totalidad ha sido impugnado también por CCOO y por el PSOE. El anexo del Decreto 15/2013, de 19 de abril, contempla la aplicación práctica de la normativa, con su calendario y los cursos en los que está prevista su implantación el próximo curso.

Fuentes judiciales precisaron que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo la que deberá pronunciarse mediante dos autos, en el mismo sentido, sobre la petición de ambos sindicatos.

Preguntada por la posibilidad de que suspenda la aplicación del decreto, la consellera de Educació, Joana Maria Camps, declaró ayer que hasta que el TSJB no dé a conocer su decisión «no podemos tener plan B».

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En este sentido, la consellera matizó en una rueda de prensa que «no se discute la suspensión del decreto, sino sólo la del anexo» del TIL y pidió que «no adelantemos ninguna novedad».

Desde el STEI-i se recordó que el recurso se presentó el pasado mes de junio y que el anexo cuya suspensión reclamaron «no ha pasado por el Consell Escolar de Balears, ni por la Mesa Sectorial d'Educació ni por el Consell Consultiu, por donde es preceptivo que pase», informó ayer Maria Antònia Font.

Planificación

«Tampoco –añadió Font– se ha tenido en cuenta por parte del Govern el dictamen del Consell Consultiu que recomendaba que no se implante de golpe, que se planifique con tiempo su aplicación y que se realice un plan de formación del profesorado».

Mientras, Carme Santamaría, del sindicato UGT, reconoció ayer que la suspensión de la aplicación «daría un respiro y tranquilidad a los centros y a las familias».