Mediante una providencia dictada este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma accede de este modo a la petición formulada por la Fiscalía de paralizar el plazo y reanudarlo una vez sea firme el auto impugnado, que abría la vía para que tanto Areal como Romero sean juzgados por delito electoral, falsedad en documento oficial y mercantil, y malversación de caudales públicos.
De forma paralela, el juez ha solicitado al Ministerio Público y al resto de partes que se pronuncien sobre los recursos de ambos imputados, para más adelante resolver en base a las alegaciones que emitan. Mediante la resolución recurrida, Castro acordó la transformación de estas diligencias a procedimiento abreviado, dando paso a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía balear para que presenten su escrito de acusación o, por el contrario, pidan el sobreseimiento de las investigaciones.
En su auto, al que tuvo acceso Europa Press y fechado el 5 de febrero, el magistrado apuntaba a que Nimbus, que organizó parte de la campaña electoral del PP de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP para los comicios de ese año.
De hecho, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña del PP, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.
El propio Miquel Romero reconoció que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en 71.958 euros.
Facturas del PP pagadas con fondos públicos
Unos extremos que también fueron advertidos por los empleados de la empresa publicitaria encargados del correspondiente negociado. Es más, también en relación con la campaña de 2007, constan en la causa tres facturas por servicios prestados con ocasión del mitin que el PP celebró precisamente en el velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007, y que según los investigadores fueron pagadas por la Fundació Illesport y, por tanto, abonadas con fondos públicos.
Más en concreto, una de ellas fue librada por Balimsa S.A. por importe de 2.726 euros en concepto de limpieza del velódromo y otros servicios, otra por Trablisa por servicios de seguridad prestados ese mismo día por 1.769 euros, y una tercera también de esta última empresa por 307 euros y en concepto de 'servicios de Atesa'. «Nota común a todas estas facturas es que fueron pagadas por la Fundació Illesport con cargo a los fondos públicos», incide el juez en su auto.
Finalmente, el instructor hace referencia a diversas facturas emitidas por las empresas del grupo Nimbus contra organismos públicos, entre las que figura una factura de la entidad Romero y Compañía S.L., de 8.782 euros y cargada a la Conselleria de Vicepresidente por la 'fabricación e instalación de la señalítica del parking de la Avenida Uruguay', y otra de la misma mercantil por valor de 10.344 euros en concepto de 'impresión de ocho lonas de tribuna con el logotipo del Govern'.
«Hechos inimaginables sin el concierto de Areal y Romero»
Sin embargo, el magistrado aseveraba en su resolución que ninguna de estas facturas responde a servicios realmente prestados por la empresa de Romero, siendo facturas supuestamente falsas que encubren el pago de servicios particulares realizados por esta sociedad para el PP con ocasión de las elecciones de 2007. Según Castro, existen «racionales indicios de que se han abonado con fondos procedentes de las arcas públicas», unos hechos, añade, «inimaginables sin el concierto habido entre don Fernando Areal y don Miquel Romero».
Se da la circunstancia de que el Juzgado dio por extraviada esta pieza el pasado mes de septiembre, si bien la Guardia Civil comunicó que la tenía en su poder para poder utilizarla en el avance de estas pesquisas, compuestas por más de 390 folios.
Cabe recordar que, a nivel global, la causa investiga el sobrecoste de más de 50 millones de euros durante la construcción del Palma Arena (2005-2007), así como su conexión con la presunta financiación irregular del PP y el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas. También incluye entre sus pesquisas las relativas a la actividad del Instituto Nóos, la contratación presuntamente irregular del arquitecto valenciano Santiago Calatrava y la ramificación del caso Gürtel en Baleares.
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