En representación de la Administración General del Estado y la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), el ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicepresident del Govern, Antonio Gómez, han acordado crear una comisión bilateral de cooperación para resolver las discrepancias surgidas entrambas administraciones sobre el redactado de la ley balear de pesca aprobada por el Parlament.
El acuerdo entre Estado y CAIB llega después de que la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas haya entendido que algunos artículos de la normativa plantean dudas que podrían plantear recursos de inconstitucionalidad. Para evitarlo, se abre un proceso negociador similar al iniciado tras la aprobación del decreto urbanístico, en el que existían siete puntos de discrepancia en los que el Govern cedió en tres, mientras los cuatro restantes se resolvieron a favor de la CAIB.
Competencias
En todo caso, reseñar que los puntos de discrepancia que afloran ahora en la ley de pesca son cuatro y no afectan tanto al fondo de la norma, como a cuestiones de nomenclatura. El primero hace referencia al ámbito territorial sobre el que la CAIB ejerce competencias, puesto que, según el Gobierno, las referencias que contienen la ley a las «aguas marítimas de Balears», «aguas de Balears» y a las «aguas marítimas competencia de Balears» se consideran problemáticas en términos constitucionales.
El segundo punto de divergencia redunda en la equiparación de las Reservas Marinas con las Áreas Marinas Protegidas. En este sentido, la Administración central tampoco considera acertada la posibilidad de que las primeras se integren en la red balear de áreas marinas protegidas.
En tercer lugar, el Gobierno discrepa en cuanto a lo recogido sobre protección de especies, en el sentido que el Govern parece admitir cualquier supuesto para hundir barcos, más allá del único contemplado por el Estado: los arrecifes artificiales. Finalmente, el cuarto y último punto de discusión pivota sobre la atribución de la CAIB de la competencia de representación en foros internacionales.
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Tanta sort que Eivissa i Formentera no ha exigit la fòrmula "aigües de les Pitiüses" en lloc de "aigües de les Balears", que tampoc no agrada a Espanya.