José Castro interrogó a la aforada Rita Barberá en noviembre de 2013 en Valencia. | Efe

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«Es una distorsión». Así calificó ayer el juez José Castro el gran número de cargos públicos protegidos por la figura del aforamiento, es decir, que disfrutan de «privilegios jurídicos», tal y como lo han denunciado los 47 jueces decanos de España.

En Balears actualmente hay tres políticos imputados y aforados investigadas en juzgados de instrucción: Pere Rotger, Bel Oliver y Xicu Tarrés.

En la Sala de lo Civil y Penal del TSJB no se está instruyendo ninguna causa contra aforados, ya que esa instancia asume las investigaciones solo después de una amplio recorrido en los juzgados y tras la pertinente exposición razonada remitidas por los jueces.

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'Caso Nóos'

El juez Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, recordó que en el desarrollo de la instrucción del 'caso Nóos' tuvo que redactar una exposición razonada ante el Tribunal de Justicia de Valencia (TSJV) al ver indicios de delitos en el expresidente de esa comunidad Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El magistrado propuso al TSJV que asumiera la denominada «parte valenciana» del 'caso Nóos' ante la «decisiva e imputable intervención» de ambos diputados de las Corts Valencianes. «Yo podía haberlos citado directamente», dijo el juez Castro. Camps se acogió a su derecho de declarar por escrito, en su calidad de expresidente autonómico, y Barberà no tuvo otra opción que comparecer ante el juez en calidad de testigo, ya que el TSJV se había pronunciado previamente descartando asumir la causa al no ver la comisión de delito alguno por parte de los dos politicos valencianos.

Hoy, precisamente, el juez decano de Palma y portavoz de sus compañeros de todo el Estado, Francisco Martínez Espinosa, ha convocado una rueda de prensa para referirse a los aforados, y a otros temas anunciados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes.