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El juez del caso Nóos, José Castro, ha pedido a la Agencia Tributaria que aclare si en su último informe del pasado 16 de mayo -en el que reiteraba que Iñaki Urdangarin cometió presuntamente delito fiscal en el IRPF de 2007 y 2008-, tuvo en cuenta las alegaciones de la defensa del duque de Palma.

Castro ha formulado esta solicitud a la Agencia Tributaria en una providencia dictada hoy, a raíz de un nuevo escrito presentado por la defensa de Urdangarin, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El magistrado solicita a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, que indique «con la mayor urgencia posible» si en el último informe que ha elaborado para esta causa tomó en consideración el escrito presentado por la defensa de Urdangarin el pasado 22 de abril y las actuaciones de inspección realizadas por Hacienda sobre la empresa Motorpress Ibérica.

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Dicha compañía es una de las ocho que realizó pagos que se investigan a la empresa Aizoon, propiedad de los duques de Palma.

Según Hacienda, Urdangarin habría defraudado al describir los servicios facturados a las empresas por un concepto distinto al sometido a retención y al emitir las facturas a través de Aizoon como «sociedad interpuesta».

En el escrito de abril, la defensa de Urdangarin negó que los rendimientos obtenidos por Aizoon sean atribuibles al duque de Palma a título personal y añadió que si así fuera, lo defraudado no llegaría a ser delito porque habría que deducir de la presunta cuantía fraudulenta las cantidades que el pagador tendría que haber retenido sobre esos rendimientos.

Según Urdangarin, uno de los pagadores, la empresa Motorpress Ibérica, fue sometida a una inspección y Hacienda no le exigió ninguna retención a cuenta de rendimientos de trabajo del personal en 2008 ni sancionó a la empresa.