El presidente de la sociedad Palau de Congressos de Palma, S.A., Andreu Garau, se desplazó ayer a mediodía hasta la infraestructura. Verificó las tareas previas, que consisten en comprobar, por parte de Acciona, el estado de todas las medidas de protección y seguridad de los operarios, quitar las protecciones anti vandálicas, y revisar las diferentes áreas de la obra. Aseguró que «toda la estructura está bien, y no habrá problemas para poner la obra a pleno rendimiento». Confía en que no haya demasiadas incidencias y que las consecuencias del parón de dos años «no sean demasiado relevantes». Asimismo, entendió que «la responsabilidad de los desperfectos es de la empresa concesionaria».
Aún así, hasta el momento, no se han detectado daños muy relevantes, más allá de la oxidación en la estructura metálica. Por ese motivo ya se ha iniciado el saneamiento, imprimación y protección de las zonas afectadas, para lo cual se ha incorporado un equipo de dos operarios con maquinas telescópicas. Otra de las tareas que también se han iniciado son las relativas a las instalaciones, como climatización, electricidad, telecomunicaciones y fontanería, para lo que se han incorporado 10 operarios con personal técnico especializado en cada instalación, que han comenzado la revisión del estado actual para continuar de forma inmediata con el montaje previsto.
Críticas
Sin embargo, desde Més no celebraron el reinicio de las obras. El portavoz econacionalista en Cort, Antoni Verger, criticó que el Palacio de Congresos «acabará devorando 126 millones de euros públicos en detrimento de necesidades que más importantes como la educación, la sanidad y los servicios sociales». Verger destacó que el coste para acabar las obras hipotecará las cuentas públicas durante años, «malgastando dinero de todos los ciudadanos para finalizar una obra ruinosa».
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