Un total de quince grupos empresariales se han reunido esta mañana en la Cámara de Comercio de Mallorca ante la preocupación provocada por el anuncio de huelga en Emaya. | Joan Torres

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El comité de empresa de Emaya desconvocó ayer la huelga prevista para el próximo martes ante la amenaza de un despido masivo de trabajadores, si un juez determinaba que la movilización era ilegal. Los 23 representantes sindicales tomaron esta decisión ante la negativa de la empresa de retirar la denuncia presentada en los juzgados por una posible huelga ilegal.

El juicio está fijado para el próximo martes, a las 9.30 de la mañana, el mismo día en que debía iniciarse la protesta. Para esas horas, la huelga ya llevaría en marcha más nueve horas y media. Si el juez determinaba finalmente que la movilización era ilegal, la empresa quedaba facultada a despedir no solo a los convocantes, el comité de empresa, sino a todos los trabajadores que se hubieran sumado a ella.

Temor al despido

Este temor al despido fue el que provocó la desconvocatoria de la huelga, sin que la empresa y los trabajadores llegaran a tomar ninguna decisión sobre los problemas laborales que estaban en discusión.

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El presidente del comité de empresa, Miguel Romero, alertó de que el mantenimiento de la denuncia de la empresa pone en jaque a los 23 representantes del comité de empresa. De hecho, se mostró convencido de que la dirección de Emaya mantendrá la denuncia para echar a la calle a todos los miembros del comité de empresa si un juez da la razón en su denuncia.

UGT envió un comunicado en el que explicaba que la desconvocatoria se hizo «por cuestiones formales», lo que en ningún caso implica «que no haya motivos para adoptar esta u otras medidas». También señaló que la empresa mantiene su amenaza de echar a los miembros del comité.

Abogados de Madrid

La empresa y los trabajadores se habían reunido de nuevo en la sede del TAMIB para seguir negociando sobre el conflicto laboral, pero de hecho no se llegó a hablar de este asunto. La empresa envió a dos abogados de un bufete de Madrid a negociar con los trabajadores. Los dos abogados explicaron que había razones más que suficientes para que un juez dictamine que la huelga no podía celebrarse porque sus razones no eran validas. Alertaron de que se estaba convocando una movilización de manera fraudulenta y explicaron que las consecuencias de ellos eran despidos.
Fue esta actitud tajante de la empresa la que hizo que los representantes sindicales cambiaran de opinión a pesar de que tenían el mandato de la asamblea de trabajadores de mantener la huelga hasta el final.