Cualquier alto cargo del Govern que dé instrucciones relativas a la Orden que desarrolla la implantación del TIL, estaría incurriendo en un delito de prevaricación. Es la interpretación que realizan las fuentes jurídicas solventes consultadas.
Los responsables de Educació estarían prevaricando al dictar un acto administrativo injusto sabiendo que la norma que lo rige está en suspensión por cuatro autos judiciales.
A pesar del recurso de reposición que el Govern ha anunciado que interpondrá en los próximos cinco días a la recepción oficial de las interlocutorias, la suspensión de la Orden TIL no queda sin efecto y es necesario acatar la resolución del TSJIB.
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