Jesús Valls, en una imagen de archivo. | Redacción Local

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El avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Palma (PGOU) prevé un crecimiento de 5.267 viviendas en suelo urbano, de las cuales el 30 % deberán ser de protección oficial, y podrían albergar una población máxima de 13.694 personas.

El teniente de alcalde de Vivienda y Urbanismo de Palma, Jesús Valls, ha presentado hoy en rueda de prensa el avance del PGOU, que diseña la «ciudad del futuro», que prevé una Palma más abierta a la ciudadanía, al mar, y una urbe más sostenible a nivel económico y ambiental.

«Es el ideal de ciudad», ha destacado Valls, quien ha detallado que este avance cuenta con 45 planos descritos en seis tomos, que conforman mas de 1.000 folios y resumen el trabajo de revisión del plan general.

Entre las acciones principales del plan está la protección de los barrios, la construcción de siete ejes cívico comerciales, como medida de protección a las pymes y para el mayor disfrute de la ciudad por parte de los ciudadanos, un nuevo diseño de la fachada marítima y una movilidad sostenible que prevé hasta la implantación de un tranvía.

Además, se propone la desclasificación de 32 hectáreas, que pasan de urbanizables a rústicas en Génova, Sa Bomba (S' Indioteria) y Son Sardina, un crecimiento que se traslada a otras zonas, a Son Puig de Orfila norte, en las que se prevé el cambio de 7,5 ha de rústicas a urbanizables; en Can Pastors, Can Fontet y Son Pardo.

«Se cambia de ubicación el crecimiento residencial» y se pasa de unas zonas de características rurales a otras «con criterios de ciudad compacta, siguiendo la trama urbana junto a la Vía de Cintura», lo que supone un optimización del suelo urbano, ha afirmado Valls.

En total, se desclasifican 120 hectáreas, incluidas las de Platja de Palma y solo se clasifican 7,5 ha, ha resumido el regidor, que ha precisado que, por lo tanto, se prevé un crecimiento máximo de 5.267 vivienda en suelo urbano, de las que 1.580 deberán ser de protección oficial.

El avance del plan pone de relieve las características propias de cada barrio para proteger su realidad histórica, con lo que prevé la determinación de áreas especiales en barrios, como Santa Catalina, el Molinar, S'Indioteria, la Vileta, Sant Jordi, Son Rapinya y otros. El PGOU determina las zonas F, que son barrios que requieren de rehabilitación, como Campo Redò, la Soledad, Virgen de Lluc, Son Dureta y Foners, entre otros.

La finalidad es cambiar el concepto de «vivienda digna», que se considerará así a partir de los 60 metros cuadrados para aumentar la edificabilidad con pisos más espaciosas, pero sin aumentar la densidad, según el regidor.

En cuanto a los ejes cívico comerciales se determinan con su ampliación en las calles Fábrica, Blanquerna, Archiduque Luis Salvador, Pedro Garau, y Ricardo Ortega y Benito Pérez Galdós hasta la fachada marítima.

En estas zonas se propone la «priorización del peatón sobre el vehículo», lo que «no supone la peatonalización de esta vías» ha aclarado Valls, que ha incidido en que «se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos» y la conexión entre el centro de la ciudad y los barrios, con aceras más anchas y la inclusión de carril bici, aparcamientos y un uso obligatorio comercial en los locales.

El plan prevé una flexibilización de los usos en los equipamientos públicos, ya que el ayuntamiento «está hipotecado con las expropiaciones», con lo que se incluye la posibilidad de construir viviendas de titularidad pública para alquileres sociales. En el «ansia de apertura al mar» se propone abrir al tránsito urbano el dique de levante, como una extensión del Paseo del Borne, en un nuevo diseño de toda la fachada marítima.

Se prevé la restricción al tráfico rodado para hacer un vial urbano con bulevar desde el Palacio de Congresos hasta la Catedral, con un carril por sentido, uno para peatones, otro para bicis, uno para el transporte colectivo y un último para coches.

Este plan incorpora el criterio de «ciudad inteligente», está sujeto a un normativa superior y a la disponibilidad presupuestaria, aunque, según Valls, es «realizable» y tiene una previsión para llevarse a cabo en ocho años.

Este avance del PGOU se prevé sea aprobado en el pleno de Cort de noviembre, a partir de lo cual estará a exposición pública durante dos meses, tras lo que el documento deberá incorporar sugerencias, lo que podría tardar varios meses, con un cambio de legislatura en medio.