Con su escrito de conclusiones a la instrucción del caso Nóos, en el que ejerce la acusación popular, el sindicato deja en manos de Castro la decisión de que la hermana del Rey sea juzgada junto a su esposo, para quien pide penas que suman 26 años y medio de cárcel por diversos delitos de corrupción.
La letrada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, ha asegurado tras presentar su escrito de acusación en los juzgados de Palma que la infanta «se tendrá que sentar en el banquillo, claro que sí».
En su opinión, el juez instructor no tiene que aplicar en esta causa la llamada «doctrina Botín», que limita la posibilidad de que una acusación popular lleve a juicio a un imputado al que no acusen la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, como en este caso.
«Esta batalla le hemos librado únicamente el sindicato al que yo represento y el juez Castro», ha señalado la letrada, para quien «desde que la infanta doña Cristina entró en juego, todos los mecanismos del Estado se pusieron en favor de ella y de intentar salvarla», como, a su entender, se puso de manifiesto cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que a la duquesa de Palma «le iría bien» en el proceso judicial.
Ha recordado que la propia Audiencia de Palma señaló a Castro cuando mantuvo la imputación de la infanta por dos delitos fiscales que en este caso esos presuntos hechos delictivos los cometió en cooperación con su esposo, quien sí está acusado por la Fiscalía por ese fraude a Hacienda.
Además, a su juicio, Castro ha sabido desde hace tiempo que Manos Limpias era «la única acusación que le acompañaba en esta batalla», por lo que «si hubiera creído de aplicación la 'doctrina Botín' la tendría que haber aplicado en un momento inicial».
Respecto a la solicitud de 4 años de prisión para la infanta por sendos delitos fiscales en los ejercicios 2007 y 2008, la abogada ha argumentado que reclaman que se le aplique la agravante de utilización de una «sociedad pantalla», como era la empresa Aizoon, que compartía al 50 % con Urdangarin.
En sus conclusiones, Manos Limpias presenta acusación por ocho tipos delictivos distintos contra las 20 personas imputadas en la causa y reclama para ellas penas que suman 238 años y medio.
López-Negrete ha subrayado que en la instrucción se ha puesto de manifiesto un «cúmulo de delitos» muy elevado que reflejan «la corrupción que existía» tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana y que deben ser penados con severidad.
Además de los 26,5 años para Urdangarin por malversación, estafa, falsedad, fraude, los dos delitos fiscales y blanqueo, Manos Limpias solicita 22,5 años por las mismas causas, pero un solo delito fiscal, para su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y 19,5 años para la esposa de este, Ana María Tejeiro, a quien considera cooperadora necesaria de la acción de su marido.
Para los cuñados de Torres, Marco Antonio y Miguel Tejeiro, pide 10 años en cada caso; 11 años para el expresidente balear Jaume Matas, 2 para el exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester; 11 para los ex altos cargos baleares Juan Carlos Alía, Gonzalo Bernal, y 13 para Miguel Ángel Bonet.
En cuanto a los imputados de la «rama valenciana», la letrada de la acusación popular ha subrayado que, una vez exonerados por el Tribunal Superior autonómico el expresidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está acusado «el número 2 del Ayuntamiento», Alfonso Grau, que «se paseaba por las televisiones diciendo que no estaba imputado».
Para él pide Manos Limpias una condena de 11 años por malversación en concurso con tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y fraude, igual que para los exaltos cargos de las entidades ligadas a la contratación de Nóos Luis Lobón, Jorge Vela, José Manuel Aguilar y Elisa Maldonado.
Respecto a los imputados ligados a la Fundación Madrid 2016, Mercedes Coghen, Miguel de la Villa y Gerardo Corral, la acusación popular solicita sendas condenas de 9 años por malversación en concurso con tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y fraude.
Manos Limpias reclama finalmente para el asesor fiscal Salvador Trinxet una condena de 3 años de cárcel por blanqueo de capitales.
En cuanto a la responsabilidad civil por las cantidades presuntamente defraudadas a las arcas públicas, la acusación popular pide que los imputados, en diferente proporción, devuelvan 6,25 millones de euros.
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Es curiosa aquest conflicte entre la dreta dura i la casa reial.