El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, invoca en su escrito de defensa que la competencia para juzgar a los 18 acusados del caso Nóos corresponde a la Audiencia Nacional, y no a la Audiencia Provincial de Balears, donde se prevé celebrar la vista oral a raíz del presunto desvío de más de seis millones de euros públicos y la supuesta defraudación a Hacienda por parte de varios de los procesados, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina.
En su escrito, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, señala que será en las cuestiones previas -al inicio del juicio- cuando se acoja a la jurisprudencia que establece en siete millones de euros la cuantía mínima para que se pueda considerar que una defraudación pueda producir «una grave repercusión en la economía nacional», lo que correspondería ser juzgado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Precisamente, el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez-Reino, estimó recientemente que la vista oral podría durar unos «tres o cuatro meses», durante los cuales el juicio se desarrollará «de forma intensa» sin que éste «afecte» al trabajo ordinario de este órgano judicial.
En cuanto al enclave en el que tendrá lugar ante el alto número de acusados y testigos pero sobre todo ante la elevada expectación mediática prevista, el magistrado apuntó que «aún no es el momento» de saberlo puesto que de ello se encargará el tribunal sentenciador.
Antes de todo ello, el juez instructor del caso, José Castro, debe remitir próximamente a la Audiencia toda el procedimiento, cuyo futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.
La Audiencia Nacional ya rechazó asumir la causa
Se da la circunstancia de que en 2012 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó asumir la competencia de la investigación en torno al Instituto Nóos, tras así haberlo solicitado el expresidente del Govern Jaume Matas, al alegar que la presunta «defraudación» llevada a cabo a través de Nóos no se provocó «ni grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni en la economía nacional ni un perjuicio a un gran número de personas en distintos territorios».
La resolución incidía en que, de acuerdo a los datos conocidos hasta entonces, las actividades del Duque y su exsocio Diego Torres no han repercutido «en nuestro sistema financiero» ni «en la cotización de nuestra moneda» ni han afectado «al mecanismo de cambio bursátil».
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