Señala en una nota de prensa que su lectura del resultado electoral del pasado domingo en las islas es «positivo» porque «las políticas contrarias al territorio y los espacios naturales de los gobiernos del PP de estos últimos cuatro años han sido duramente castigadas en las urnas».
Par la entidad conservacionista, es el momento de definir con la ayuda de la sociedad los aspectos sobre territorio y medio ambiente «que deben ser prioritarios para el nuevo gobierno que surja de un pacto de los partidos de izquierdas en las islas».
El GOB recuerda que presentó una ley para la defensa del territorio en forma de iniciativa legislativa popular que recibió el apoyo de más de 16.500 personas en todo de las islas.
Añade que MÉS, Podemos y PSIB-PSOE se comprometieron a asumir su contenido en caso de tener posibilidad de gobernar en una próxima legislatura.
«Por lo tanto, es la hora de que la asunción de los postulados en defensa del territorio, el medio ambiente y los recursos naturales, se traduzcan en acuerdos irrenunciables y pilares básicos del posible nuevo pacto de gobierno de izquierdas y plural», insiste el GOB.
Para la organización es necesario recuperar un marco normativo que garantice la protección del territorio y derogar todas las normas legales impulsadas en la legislatura que «bajan las barreras de protección y que someten el territorio y las personas a los intereses económicos y especulativos de los grandes sectores de presión empresariales».
En concreto, el GOB pide que se deroguen la ley del suelo, ley agraria y ley turística, que se inicie «una política de diálogo y consenso con el fin de ampliar el territorio natural protegido», con nuevos parques naturales y áreas de protección, como el salobrar de Campos y el Parque Natural de Levante.
Reclama además, «una política ambiental valiente y global, que vaya más allá de corregir los abusos legislativos del gobierno Bauzá, y que se atreva a repensar y corregir las agresiones que ha sufrido el territorio en los últimos veinte años».
Piden también «impulsar de forma decidida e inmediata» la ecotasa.
El GOB detalla lo que considera actuales conflictos medioambientales como la «importación de residuos, desplanificación hidrológica, agresiones al litoral, indisciplina urbanística, desprotección espacios naturales, autopista Llucmajor- Campos, Ronda Norte de Inca, ses Fontanelles, Canyamel, club marítimo Molinar, puerto de Palma, privatización de faros, alta Tensión en la marina de Llucmajor, amenaza a los cañones de Artà, proyecto hotelero en la marina de Magaluf».
Explica que son «conflictos abiertos» que necesitan una solución específica y contra algunos de los cuales, los partidos que ahora tienen posibilidad de formar gobierno se han manifestado en contra. «Ahora hay un compromiso real, abrir las vías de diálogo y de recuperación, de negociación y de soluciones que preserven estos lugares amenazados. No hacerlo supondría volver a la política del conformismo que ya permitió en su momento terminó de construir Son Espases o el Palacio de Congresos», concluye el GOB.
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