Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la defensa de Areal ha planteado su desacuerdo con la cantidad fijada por el juez para cubrir la posible responsabilidad pecuniaria por el delito que le atribuye la Fiscalía.
El ministerio público solicita para el exgerente del PP y cuñado del expresidente autonómico Jaume Matas una condena de 3 años de prisión y multa de 15.000 euros.
Castro apercibió a Areal de que si no aportaba en 24 horas los 20.000 euros procedería a embargarle, una medida que quedar paralizada por el recurso.
El juez había citado para hoy al acusado para comunicarle personalmente la apertura de juicio oral, pero ayer suspendió la comparecencia porque el exgerente no se encontraba en Mallorca.
La Fiscalía atribuye a Areal un delito electoral relacionado con facturas para la campaña del Partido Popular, del que era gerente, en las elecciones de 2007.
Areal era administrador general de la candidatura y como tal responsable de los ingresos y gastos y de la contabilidad de la campaña.
El PP contrató a la empresa Nimbus Publicidad, a la que abonó 249.872 euros por servicios desarrollados para la campaña electoral que fueron declarados al Tribunal de Cuentas y la Sindicatura balear de Comptes como corresponde, pero la Fiscalía cree que además también encargó otros trabajos cuyo pago se ocultó.
La empresa de publicidad realizó entre abril y mayo de 2007 numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del PP, y gestionó inserciones en prensa, radio y televisión por importe de 71.958 euros, que no se facturaron al partido porque había superado los límites legales de gastos electorales, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.
Anticorrupción no ha podido determinar el origen de esos 71.958 euros que se abonaron a la empresa.
La Fiscalía destacó en su escrito que esta forma de actuar para la campaña de 2007 fue «una reproducción de la operativa que desarrolló el Partido Popular en la campaña electoral de abril de 2003», con el abono directo de servicios de creatividad y promoción de mensajes electorales en dinero «negro», en mano y en la sede del partido, sin contabilizar en la correspondiente cuenta electoral «dichas partidas opacas ni su salida».
Anticorrupción cree que también se pagaron facturas con conceptos simulados a empresas, para ocultar trabajos para la campaña.
El juicio contra Areal se celebrará en un Juzgado de lo Penal, previsiblemente dentro de unos meses.
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