El gabinete del ejecutivo ha aprobado en su sesión de hoy el inicio con carácter urgente de los trámites legales y administrativos pertinentes para iniciar los procedimientos tendentes «a la revisión y eventual derogación», de los currículos educativos actualmente vigentes derivados de la LOMCE.
Ante la imposibilidad material de derogar la normativa que despliega la LOMCE en Baleares antes del inicio del próximo curso, la Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros creará grupos de trabajo y dictará las instrucciones necesarias para la organización y funcionamiento de los centros educativos de cara al comienzo del curso escolar 2015-2016.
La revisión afecta al currículo de educación primaria (fijado en el decreto 32/2014 de 18 de julio), la orden del 21 de julio por la que se desarrollaba el mismo y la del 6 de marzo sobre la evaluación del aprendizaje de los alumnos de dicho nivel.
También se revisarán los currículos de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en Baleares (decretos 34/2015 y 35/2015 de 15 de mayo), y las dos órdenes que los desarrollaban.
Hasta que se produzca la revisión y eventual derogación de dicha normativa, el Govern se comprometió a aplicar las medidas legales vigentes en el sistema educativo, «minimizando las disfunciones y los perjuicios que se puedan derivar de ellas, proporcionando el máximo apoyo al profesorado y garantizando un inicio de curso tranquilo».
El Govern ha destacado en un comunicado que está tomando «las medidas necesarias» para reducir el impacto de los decretos que revisará.
El acuerdo de hoy es consecuencia de la declaración institucional de rechazo a la reforma educativa que aprobó el anterior Consell de Govern, el primero de la legislatura, en la que el nuevo ejecutivo asumió el compromiso de «adoptar todas las medidas institucionales, jurídicas y administrativas a su alcance para conseguir la derogación de este texto legal».
El Govern actual considera que la LOMCE se elaboró sin el consenso de las fuerzas políticas y sociales y sin escuchar la voz de la comunidad educativa, por lo que pide que sea sustituida por nuevas medidas normativas «que pongan freno a los perjuicios que ya se están causando al sistema educativo».
Quieren que se rectifiquen la centralización de competencias, la merma de la participación de los centros, la privatización de la enseñanza, la masificación en las aulas y segregación de los alumnos, la implantación de reválidas, el recorte del estatus de las lenguas propias de las comunidades autónomas, la ausencia de laicismo y la implantación precipitada de los currículos, entre otras cuestiones.
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