Una reciente reunión de la Assamblea de Docents en Inca. | M. À. Cañellas

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La Assemblea de Docents ha manifestado este sábado su «decepción y preocupación» ante la falta de instrucciones y las «nulas medidas» anunciadas por el Govern balear para «detener» la aplicación de la LOMCE en los centros educativos de Baleares.

En un comunicado, esta organización recuerda que los partidos que apoyan la gestión del Govern balear, integrado por PSIB-PSOE y MÉS, se habían comprometido a poner en marcha «medidas concretas» en el primer Consell de Govern.

Tras el segundo Consell de Govern celebrado ayer, el nuevo ejecutivo anunció el inicio de los procesos para revisar y, eventualmente derogar, los currículos de la LOMCE.

«Por tanto, no podemos hablar de adopción de ninguna medida legal o normativa, lo que nos intranquiliza», afirma la Assemblea de Docents.

A pesar del «listado de maldades relacionadas con la llegada de la LOMCE (...), parece que el Govern se resigna a aplicar el próximo curso la normativa LOMCE autonómica que ha heredado de la Conselleria de Educación de Núria Riera y José Ramón Bauzá (PP)».

En este contexto, a esta entidad le sorprende que el ejecutivo de izquierdas se haya referido a la «imposibilidad material» de derogar la normativa autonómica antes del inicio del curso dentro de la legalidad vigente.

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La Assemblea de Docents apuesta por la «necesidad de resolver este asunto» por la vía del decreto ley, un instrumento legislativo legal que se «ajusta plenamente» a la declaración institucional de rechazo hecha pública por el ejecutivo en el primer Consell de Govern.

Aunque la asamblea rechaza el uso de la vía legislativa del decreto ley para hacer política, «éste no es el caso».

«Nos encontramos en una situación de emergencia para la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, una situación de emergencia que está afectando y afectará a la educación de nuestros jóvenes a partir del mes de septiembre: ésta situación de emergencia da sentido a un decreto ley».

Las declaraciones realizadas ayer por el conseller de Educación y Universidades, Martí March, tras la reunión del ejecutivo «no tienen ningún efecto práctico, e incluso no tienen nada que ver con el camino que desde los partidos del gobierno se nos habían anunciado que se tomaría».

Por tanto, los centros no tienen otra opción que organizar el próximo curso según estableció de «manera nefasta» la consellera Núria Riera, afirma la Assemblea de Docents.

La «insatisfacción se volvió aún mayor», concluye el comunicado, tras conocerse que el gobierno aragonés sí ha visto claro la necesidad de hacer cambios en la normativa autonómica relativa a la LOMCE para generalizar un comienzo de curso lo más parecido al del curso anterior.