En un comunicado, el IPFB considera que el interés laboral que impulsa la convocatoria de la huelga «es una pátina tan fina que no logra desvirtuar el verdadero fin y objetivo político de la misma».
«Los diez motivos que motivaron esta huelga aún no desconvocada ya no existen en su mayoría y los que quedan son susceptibles de negociación en las mesas sectoriales que se convoquen», aseveran desde el Instituto.
De hecho, apuntan que la retirada del Decreto del TIL y de la Ley de Símbolos así como la petición de derrumbe de la LOMCE, instado por el Govern ante el Ministerio de Educación, «son motivos suficientes para que finalice dicha huelga».
«Dentro del paréntesis cerrado por las referidas reivindicaciones, incluye otras que no son sino pura y simple enmascaramiento del real objetivo: la lucha política contra la conducta política de un Gobierno que no les satisface», añaden.
Un objetivo que, en su opinión, se halla «en completa contradicción con el modelo de huelga que acoge nuestra Constitución. Un modelo que no es el contractual sino el profesional. La huelga, toda huelga, debe tender a la defensa de los intereses que les son propios a la categoría de trabajadores, en este caso, docentes».
Según el IPFB, más allá de tales intereses «no hay sino razones y aspiraciones meramente políticas, que hacen que el mantenimiento de dicha huelga sea ilegal, según el artículo 11, del RDL sobre relaciones de trabajo».
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