Fotografía de archivo, tomada en Palma de Mallorca el 22/12/2014, del juez José Castro. | EFE / Montserrat T. Díez

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la permanencia en el servicio activo hasta la edad de 72 años del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que la había solicitado.

El magistrado se había acogido a esta posibilidad, introducida por la LO 7/2015 de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y había presentado su solicitud en el plazo legalmente establecido, dos meses antes de cumplir los 70 años el próximo diciembre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Tras la reforma de la LOPJ que permite a los magistrados prolongar su jubilación forzosa, Castro aseguró el pasado julio: «Estoy satisfecho porque por fin se ha impuesto el sentido común. No tenía lógica ninguna que se pudiera prorrogar la permanencia en la carrera judicial si se iba a un tribunal colegiado y no si se estaba en un órgano unipersonal cuando tan importante puede ser uno como otro».

El magistrado solicitó formalmente el pasado febrero aplazar su jubilación forzosa a los 70 años y continuar trabajando en calidad de magistrado emérito asignado al juzgado en el que ha trabajado los últimos años para poder concluir la instrucción del caso Palma Arena, la macrocausa de corrupción divida en 27 piezas que instruye.

El CGPJ no consideró procedente la solicitud, días después de que también la sala de gobierno del TSJIB se pronunciara en el mismo sentido por unanimidad.

El TSJIB explicó en su informe sobre esta cuestión que la continuidad en la instrucción de un juez jubilado en calidad de magistrado emérito no se adecuaba a lo previsto por la Ley, que entonces solo contemplaba la prolongación de funciones como magistrado emérito para formar sala como suplente en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales.

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Castro pidió ser nombrado emérito y que se le adscribiera a su propio juzgado solo para seguir instruyendo las veinte piezas pendientes del caso Palma Arena cuando se jubilara en diciembre, con la limitación de no asumir ningún nuevo caso y retirarse cuando cierre la investigación.

El juez cordobés argumentó en su solicitud que su jubilación supondría un quebranto en el juzgado dada la complejidad de las 19 instrucciones pendientes del caso Palma Arena.

La instrucción del caso Palma Arena comenzó en 2008 para determinar las posibles responsabilidades penales por el sobrecoste de la construcción del velódromo del mismo nombre, impulsado por el Govern que presidió Jaume Matas entre 2003 y 2007.

En el transcurso de la investigación se fueron abriendo nuevas vertientes como la del caso Nóos, que acabará sentando en el banquillo por presunta corrupción al cuñado del Rey Iñaki Urdangarin y por supuestos delitos fiscales a su esposa, la infanta Cristina a partir de enero.

En la primera pieza que llegó a juicio, relativa a pagos ilegales a un periodista que le escribía discursos, recayó sobre Matas una sentencia condenatoria por la que cumplió pena de prisión en la cárcel de Segovia.

Cuando el TSJIB se pronunció en contra de la petición, recordó que en el juzgado del que Castro es titular hay «un número significativo» de asuntos pendientes de avanzar en la fase de instrucción por posibles delitos contra la Administración Pública, razón por la que se ha dotado de un refuerzo con una jueza de adscripción territorial.

El tribunal señaló además que prolongar las funciones jurisdiccionales de Castro más allá de la jubilación «posibilitaría la continuidad de las investigaciones a cargo de quien ya ha venido conociendo de ellas desde su incoación».