En su intervención en el Parlament, donde ha dado a conocer estos datos, Barceló ha precisado que, de este tipo de infracciones, las únicas que registraron un aumento fueron las de prevaricación administrativa (+75 por ciento), al pasar de ocho a catorce incoaciones de diligencias.
Sí se vieron reducidos los de malversación de caudales públicos (-46,2 por ciento, de trece a siete), los de abuso en el ejercicio de función (-cien por cien, de tres a ninguno), los de abandono de destino (-75 por ciento, de cuatro a uno), los de desobediencia de autoridades o funcionarios (-29,6 por ciento, de 54 a 38) y los de violación de secretos por particular (-66,7 por ciento, de tres a uno).
En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, éstos últimos se vieron incrementados en un 200 por ciento, pasando de dos a seis, toda vez que descendieron los de defraudación tributaria (55,6 por ciento, de nueve a cuatro) y en un cien por cien los contables (de uno a ninguno).
De forma paralela, Barceló ha apuntado que se abrieron 30 investigaciones por delitos de homicidio (-41,2 por ciento), tres por asesinato (-62,5 por ciento), diez de homicidio por impudencia (-9,1 por ciento) y ninguna por auxilio e inducción al suicidio (-cien por cien).
En cuanto a las infracciones contra la libertad sexual, éstas disminuyeron en un 14,3 por ciento (de 580 a 497). Más en concreto, se redujeron en un 55,6 por ciento las diligencias por violación (de nueve a cuatro), en un 22 por ciento las de abusos sexuales (de 168 a 131), y en un 22,9 por ciento las agresiones (de 271 a 209), mientras que aumentaron en un 25 por ciento las de acoso sexual (de 24 a 30), y en un 50 por ciento las de corrupción de menores (de dos a tres).
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