La UTE que construyó el Palma Arena niega que sobornasen a Matas para lograr la adjudicación

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Rodríguez reclama el archivo de su imputación en este procedimiento judicial, en el que se encuentra encausado desde 2009, año en que fueron impulsadas estas investigaciones. El instructor de las pesquisas, a través de una providencia, ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y resto de partes personadas para que se pronuncien al respecto.

La petición se ha producido en el marco de la pieza principal del caso Palma Arena, cuya complejidad derivó en la apertura de 28 flecos. La causa, entre otros hechos, indaga así el sobrecoste de más de cincuenta millones de euros en la construcción de la considerada infraestructura 'estrella' bajo el último mandato de Matas (2003-2007), el enriquecimiento supuestamente ilícito del exministro y su elevado tren de vida así como la financiación ilegal del PP balear.

La defensa del empresario asevera cómo un informe de la Guardia Civil sitúa en 2004 el incremento patrimonial injustificado de Matas que se indaga en estas pesquisas -aumento supuestamente derivado del sobrecoste de las obras y el presunto pago de comisiones-, mientras que otro dictamen lo ubica «mucho antes» de enero de 2006, periodo en el que se produjo la adjudicación de los trabajos de construcción a la UTE gerenciada por Rodríguez, integrada por las mercantiles FCC y Melchor Mascaró.

El encausado, uno de los primeros cinco detenidos en esta causa, cuya operación policial se produjo en agosto de 2009, defiende tajante que el precio de las obras ejecutadas por la UTE fue de 69 millones de euros, mientras que el resto, hasta los 110 millones que acabó costando el velódromo, «es ajeno» a la unión de empresas.

Tal y como subraya, se trataba de determinadas partidas, como las de la pista del Palma Arena y el viodemarcador, que «corrían a cargo de otras empresas ajenas a la UTE», además de incluir determinados gastos de promoción del edificio o publicidad de eventos, que «asimismo se consideran fraudulentos y que son servicios que la UTE no prestó, pues se prestaron y facturaron por empresas ajenas a ella».

Rodríguez recuerda que, en cuanto a la actuación de la UTE, ésta «se limitó a seguir las instrucciones de la dirección facultativa» de las obras, que es el órgano al que le corresponde ordenar la ejecución de modificaciones al proyecto original o de obras complementarias al mismo, «órdenes que la contrata viene obligada a ejecutar».

En estas modificaciones, abunda, los precios serán fijados por la Administración «de acuerdo con la propuesta de la dirección facultativa y las observaciones del contratista».

Presupuesto inicial de 47 millones de euros

El empresario recuerda además que la ejecución de la obra fue inicialmente encomendada al arquitecto alemán Ralph Schürmann, quien presentó «un proyecto de ejecución absolutamente insatisfactorio, entre otras razones porque carecía de los más elementales cálculos y de otros datos imprescindibles» para el proyecto.

Según apunta, el presupuesto que Schürmann había calculado fue de 47 millones de euros, un cálculo que «carecía de cualquier soporte real pues el proyecto adolecía de carencias que impedían no ya su ejecución, sino siquiera tener un conocimiento aproximado de su coste de ejecución».

Se trata de unas «graves deficiencias» que, añade, determinaron que la dirección facultativa ordenara imprimir un ritmo de trabajo especialmente intenso que obligó a la contratación de personal suplementario al inicialmente previsto y a realizar numerosas modificaciones al proyecto inicial o a introducir trabajos complementarios inicialmente no previstos», lo que condujo a que el importe final de las obras por parte de la UTE fuese de 69 millones de euros (79,9 millones con IVA).