Piden 12 años de prisión para un oficial de policía acusado de abusar de un subordinado

En concreto, el Ministerio Público, a cuyo escrito de calificación ha tenido acceso Europa Press, reclama 15 meses de cárcel para el procesado, Martí Galmés, por un presunto delito contra la integridad moral, mientras que la acusación particular, ejercida por el agente perjudicado, solicita hasta 12 años de prisión por el mismo tipo penal además de coacciones, lesiones y obstrucción a la justicia.

Asimismo, el agente pide ser indemnizado con 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Las acusaciones señalan que los hechos comenzaron a producirse en 2010 y llevaron al policía a requerir de terapia y medicación ante el fuerte deterioro de su salud.

En su escrito de acusación, el letrado del agente afectado relata cómo la cordialidad y amistad que ambos mantenían desde 2006 devinieron, de forma repentina, en constantes «humillaciones y vejaciones» por parte del oficial «con el único ánimo de menoscabar y lesionar la integridad moral y la salud psíquica» del efectivo policial.

El abogado Francisco José Pérez alude a las «amenazas y gritos reiterados, prolongados y persistentes en el tiempo» proferidos entre 2009 y 2012 por el inculpado, llegando a aseverar «a este tío me lo voy a cargar, le voy a quitar el traje, de eso me encargo yo».

Del mismo modo, su escrito de acusación apunta a las órdenes que el procesado profería al denunciante «con el único beneficio personal» de Galmés bajo la amenaza de incoar contra él expedientes disciplinarios por desobediencia. Así, en «infinidad de ocasiones» le encargó que fuera a comprarle tabaco, bocadillos o recados personales como ir a recogerle a unas dependencias en las que el acusado cursaba estudios.

El escrito recoge asimismo las funciones «completamente ajenas» que el inculpado presuntamente le exhortaba, al impelirle a la limpieza de trofeos y placas conmemorativas ubicados en las sedes policiales así como el montaje de estanterías y demás muebles, tareas que, según el abogado, repercutían de forma negativa en la prestación del servicio de policía y, en concreto, se dejaban sin vigilancia y atención diversos núcleos urbanos como S'Illot, Sa Coma y Cala Millor.

Tal y como subraya el escrito, Galmés también efectuaba interrogatorios personales a su subordinado, sobre quien además «ejerció un control y fiscalización abusivos, excesivos e impropios de cualquier relación laboral» que el letrado considera «dignos de ser calificados como un imperio del terror nazi», con llamadas telefónicas «cada cinco minutos» para que le informase de su ubicación exacta.

CONTROL «EXTREMO Y DESTRUCTIVO»

Otro de los episodios a los que hace referencia el letrado fue la apertura «injustificada» de un expediente disciplinario que motivó la suspensión de empleo y sueldo del afectado durante más de un año, demorando Galmés la devolución de su arma reglamentaria al policía una vez reincorporado a su puesto laboral.

Es más, para «mayor descrédito», añade el escrito de calificación, el acusado, en uno de los establecimientos de hostelería a los que acudía, «se vanagloriaba públicamente del control extremo y destructivo que ejercía» sobre el agente, al tiempo que ordenaba a otros policías que vigilasen a éste «en todo momento» y le reportaran los resultados, con instrucciones tales como «si se va a mear, te vas a mear con él».

Los hechos condujeron al agente a una degradación laboral y personal así como a una situación de estrés postraumático y acoso que afectó a todos los niveles de su vida, según el escrito.