Buils y Flaquer, juzgados este lunes por un presunto desvío de un millón de euros

En concreto, los hechos se enmarcan en la pieza número 12 del caso Voltor y, según la Fiscalía Anticorrupción, son constitutivos de delitos de malversación, fraude a la administración, prevaricación y cohecho. Junto a Buils y Flaquer también se encuentran acusados el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) y los responsables de Minser -la empresa adjudicataria de los trabajos- Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas.

A finales de 2007 fue rubricado un convenio entre el Cilma, entonces presidido por Flaquer, y el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a fin de impulsar por segunda vez un sistema de reconocimiento de voz (IVR, del inglés Interactive Voice Response), que un año antes -en la legislatura anterior-, también había sido adjudicado a Minser por 600.000 euros.

La primera vez que fue impulsado el proyecto fue en 2006, cuando Buils era conseller de Turismo en el Consell de Mallorca y presidente del Cilma. Según las investigaciones, antes de que se diese a conocer la licitación, Buils se trasladó a Dallas, en EEUU, junto a Losada, Rivas y el exjefe de Informática del Consell Antoni Barceló a fin de visitar la sede de Intervoice.

Durante la instrucción de esta causa, el propio Losada afirmó que Buils era la persona que «manejaba los hilos» a fin de que la empresa Minser acabase resultando adjudicataria del proyecto y que tanto Flaquer como él eran «manejados» por el exconseller de Turismo de cara a la puesta en marcha de este sistema.

Losada explicó que Buils propuso que la adjudicación se realizase por el sistema de exclusividad técnica, para lo cual «todo tenía que estar muy bien documentado y avalado por la interventora». Para ello, manifestó, «lo fundamental era que alguien dijera que Minser era la única que podía llevar a cabo el proyecto», lo que fue trasladado a Minser, cuyo propietario, Gabriel Rivas, se habría puesto en contacto con Intervoice para recibir el respaldo de esta empresa. «Sólo se presentó una carta de Intervoice y nada más», subrayó.

El encausado reconoció además que Minser fijó el precio de la contratación y que por su «desconocimiento» intercambió opiniones con Rivas sobre las bases del concurso. «El que redactó el proyecto y las bases del mismo fui yo aunque posiblemente Rivas me echó una mano por lo novedoso del tema», remarcó.

REPARTO DE 30.000 EUROS ENTRE BUILS, MINSER Y LOSADA

Finalmente, Losada explicó cómo el otro socio de Minser, Juan Carlos Escuer, le comentó que el contrato estaba generando un beneficio que se repartieron entre Buils, Minser y él, percibiendo 30.000 euros cada uno. «Lo acepté como un regalo», reconoció el imputado, quien recordó que posteriormente devolvió esta cantidad consignándola en el Juzgado. «Me arrepiento de lo hecho y por eso he querido reparar el daño», sentenció.

Por su parte, Buils, quien se encuentra en prisión desde julio de 2013 por otra pieza de la misma causa, negó ante la jueza instructora haber percibido 30.000 euros de Minser y defendió el proyecto de reconocimiento de voz, en cuya utilidad aseguró seguir creyendo.

El exconseller insistió en que jamás recibió la anterior dádiva, y aseguró asimismo que incluso a principios de 2010 el Govern balear seguía apostando por este proyecto, que permitía acceder a servicios turísticos evitando la intermediación de touroperadores.

Mientras tanto, Flaquer también defendió la tramitación del contrato adjudicado por un millón de euros así como la funcionalidad del proyecto, y aseveró que Buils le dijo que propusiera a los técnicos que se llevase a cabo con el menor coste para la Administración.

CONDENAS SOBRE BUILS

Sobre Buils pesan varias penas por corrupción, la principal de las cuales le fue impuesta en 2012, al ser condenado a tres años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por gratificar con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, a quien favoreció con dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) para beneficiarle.

Asimismo, aceptó un año de cárcel por beneficiar con fondos públicos a un periodista a cambio de que éste redactase artículos en los que favorecer su imagen pública y política; nueve meses por abrir una cuenta en Banif, controlada por otro acusado y él, para transferir en ella hasta 1,2 millones de euros públicos a fin de que éstos generasen intereses en negro a favor de UM, y otro año de prisión por auspiciar el desvío de hasta 176.125 euros mediante subvenciones irregulares y encargos de trabajos ficticios a través del Inestur.

Finalmente, aceptó en el marco de otra causa a seis meses de cárcel por favorecer a la empresa Bitácora.

Cabe recordar que el estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.

Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.