Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias. | ultimahora.es

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El sindicato Manos Limpias, única acusación que ejerce acciones penales contra la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, ha anunciado que está estudiando emprender acciones contra Pablo Molins, uno de los abogados de la exduquesa, por «arremeter de forma calumniosa e injuriosa» contra la entidad y sus dirigentes.

En un comunicado, Manos Limpias recrimina que el letrado, «con una falta total y absoluta de profesionalidad», haya acusado públicamente al sindicato «de extrema derecha», preguntándose «qué interés hay para llevar a cabo esta acusación y quién financia esta participación». Es más, lamenta la entidad, «se insta a los medios de comunicación a investigar qué intereses financieros están detrás de la acusación y qué contrapartidas está recibiendo Manos Limpias con ello».

«Manos Limpias ejerce en este caso, como en otros muchos, la acción popular en defensa de la legalidad vigente y del interés público general, amparado en el artículo 125 de nuestra Carta Magna», recalca el sindicato en su nota.

Por el contrario, reprocha que la Fiscalía no ostenta en esta causa «el monopolio de la defensa de la legalidad y del interés público , que le atribuye el artículo 124 de la Constitución y, en este caso, se ha puesto una vez de manifiesto que ha defendido vehementemente a una imputada por encima de la legalidad y del interés público».

«Las declaraciones del abogado de la Infanta son lisa y llanamente indecentes e impropias de un profesional del derecho que, como único argumento para defender a su clienta, en este caso la Infanta Cristina de Borbón, se dedica a arremeter de forma calumniosa e injuriosa al sindicato y a sus dirigentes», concluye la entidad.

Declaraciones

Pau Molins, abogado de la infanta Cristina, ha acusado este jueves a la letrada de Manos Limpias de «irregularidades» en su interrogatorio y ha advertido de que «nadie sabe quién hay detrás» de este sindicato, al que cree que la Justicia debería poner «límites».

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En una entrevista en la emisora de radio RAC 1, el abogado de la infanta Cristina ha considerado «absolutamente injusta» la situación de la hermana del Rey y ha recalcado que «no se ha visto nunca en la historia judicial» que un socio responda por irregularidades de una empresa cuando existe un administrador que la «controla y manda».

Molins ha arremetido contra la acusación popular ejercida por Manos Limpias, la única que mantiene cargos contra la Infanta y ha provocado que se siente en el banquillo, y se ha preguntado «qué interés hay detrás para estar en todas las causas. Esto cuesta mucho dinero», ha recordado.

«No tengo ni idea de quién hay detrás de Manos Limpias. Me llama mucho la atención que no se sepa», ha remachado Pau Molins, que cree que la Justicia «debería poner límite a esto», porque a su parecer «el sistema se debería proteger», y ha lamentado que no se haya hecho en el caso Nóos.

Molins, que comparte la defensa de la infanta junto al letrado Miquel Roca, ha anunciado que si la hermana del Rey resulta absuelta pedirá que Manos Limpias sea condenado a pagar las costas, porque a su juicio «es muy grave lo que ha hecho».

El letrado se ha mostrado esperanzado en que el tribunal, al dictar sentencia, tenga en cuenta el papel de Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias en el «caso Nóos», ya que en su opinión cometió una «irregularidad gravísima» cuando «engañó» a Iñaki Urdagarin y al propio tribunal al preguntarle por unas facturas.

Para Pau Molins, cuando la abogada de Manos Limpias estuvo interrogando a Urdangarin «le enseñó constantemente, para que saliera en los medios, una serie de gastos llamativos (supermercados, peluquería...)» como si hubieran pasado por Aizoon -la sociedad con que el matrimonio gestionaba su patrimonio-, cuando procedían de la cuenta personal de la pareja.

«Protestamos enérgicamente por la conducta procesal de la letrada de Manos Limpias», ha afirmado Pau Molins, que cree que, jurídicamente, el responsable del supuesto fraude fiscal de Aizoon es exclusivamente Iñaki Urdangarin, por lo que a su juicio pedir ocho años a la infanta Cristina «es una cosa absolutamente infundada».