Así lo pone de manifiesto en un escrito en el que señala que así se desprende de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento en el marco de esta causa y que el encausado considera «diligencias de difícil justificación», puesto que hasta octubre de 2015, cuando el magistrado comenzó a indagar la vinculación de la remodelación de Génova con la construcción del hospital de Son Espases, «no había habido la más mínima referencia a las obras de esa sede».
Villar Mir, quien se encuentra pendiente de que Castro decida si archiva o no su imputación en este procedimiento judicial, recalca que las pesquisas centradas en la reforma de la sede del PP no tienen «ninguna relación» con los hechos incluidos en la querella de la Fiscalía Anticorrupción que, en julio del pasado año, dio pie al caso Son Espases y que apunta al presunto amaño en la adjudicación del hospital.
En concreto, Castro abrió esta línea de investigación a fin de esclarecer si los trabajos realizados en Génova fueron sufragados de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.
Al respecto, Villar Mir recuerda en su escrito cómo la asesoría jurídica del PP manifestó que las obras de reforma de la sede nacional de los 'populares' corrieron a cargo de la empresa Unifica -cuyas facturas están bajo lupa judicial en la Audiencia Nacional-. «Ni una sola de esas facturas o asientos era de OHL, ni se mencionaba a dicha empresa», abunda el exministro.
Asimismo, en relación a otra de las peticiones cursadas por Castro al indagar los posibles delitos fiscales en los que hubiera podido incurrir Unifica, la defensa del exministro se pregunta «qué tienen que ver con la presente causa los expedientes tributarios que haya podido tener una empresa llamada Unifica, que ninguna intervención tuvo (que sepamos) en el concurso para la construcción, explotación y mantenimiento del hospital de Son Espases que es objeto de esta instrucción».
Y, añade, «lo mismo cabe decir de las facturas giradas por esa empresa al Partido Popular por unas obras realizadas en Madrid o de la compra de un edificio por parte de dicho partido».
El máximo accionista de OHL recrimina en esta misma línea el hecho de que Castro esté llevando a cabo «una instrucción paralela que ya se está tramitando de forma secreta sin que, hasta donde nos consta, el Juzgado haya dictado una resolución motivada por la que acuerde y comunique a las partes de esa nueva investigación reservada» y que se impulsó después de que la Audiencia Nacional remitiera al juez la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, en la que constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.
CASTRO SEÑALA QUE YA NOTIFICÓ LA APERTURA DE UNA PIEZA SECRETA
Al respecto, el propio magistrado responde al empresario, mediante un auto, que la apertura de esta pieza fue puesta en conocimiento a través de una providencia notificada a todas las partes.
En su resolución, el juez asevera que «lo que cabría esperar» de las alegaciones de Villar Mir es que «cumplieran el cometido que les es propio y que no es otro que justificar razonadamente lo que se pide al objeto de convencer a su destinatario de la bondad de la petición».
Y se muestra tajante en este sentido al señalar que, si lo que el presidente de OHL solicita es que se le notifique el auto por el que -independientemente de la providencia que se notificó a las partes- se decretó el «especial secreto» de la pieza separada, de los seis folios que abarcan los alegatos del imputado «sólo uno se entretiene en fundamentar mínimamente la exigencia de esa notificación».
CASTRO SEÑALA QUE «NO NECESITA CONTAR CON EL CONCURSO DE FISCALÍA»
«El resto del escrito no guarda absolutamente ninguna relación con lo que se acaba postulando y parece obedecer al propósito de su autor de reprochar a este instructor que intente cumplir con su deber de direccionar de oficio la instrucción hacia aquellas líneas de investigación que cree oportunas, para lo que no necesariamente precisa contar con el concurso del Ministerio Público y menos aún con el de las partes investigadas», subraya el magistrado.
Es más, recalca que si esas líneas de investigación «acaban por resultar acertadas o no, es algo que no se podrá predecir y que necesariamente habrá de ser racionalmente ensayado pero que, en cualquier caso, no estará sometido a una fiscalización previa».
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma rebate a Villar Mir que alegue indefensión ante la apertura del anterior fleco por considerar que se está llevando a cabo una instrucción paralela «a sus espaldas», ante lo cual Castro le responde que «ninguna indefensión sería de apreciar ya que, cuando se levantara el secreto», el encausado podrá tener acceso a todas las resoluciones dictadas y diligencias practicadas, además de efectuar todas las impugnaciones «que considere oportunas».
PETICIÓN DE ARCHIVO PARA VILLAR MIR
Cabe recordar que, el pasado mes de abril, el exministro pidió el archivo de su imputación -en cuyo sobreseimiento se ha postulado en contra la Fiscalía-, al negar haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, fraude y falsedad durante el proceso de adjudicación de Son Espases. Es más, su abogado añade que, «de buscarse» la comisión de estas irregularidades, «nuestro defendido (y la empresa que preside) debería ser considerado víctima, no partícipe».
El imputado asevera que los datos que figuran en la causa «evidencian que el gobierno del presidente Matas», bajo cuya última legislatura se llevó a cabo el proceso de adjudicación, que culminó a finales de 2006, «no favoreció en absoluto a OHL, sino todo lo contrario». La concesión recayó finalmente en manos de Dragados, filial de ACS, tras un proceso que se había decantado inicialmente a favor de OHL.
Es más, el letrado del máximo accionista de OHL recalca que «no sólo en la querella, sino en la totalidad de la causa» no hay «ninguna referencia al señor Villar Mir», subrayando que «nos hallamos ante una querella», la que interpuso Anticorrupción en julio del pasado año y que dio inicio a estas pesquisas, «que se dirige contra la empresa que perdió el concurso, una empresa que además recibió en esos años un trato defavorable o hasta discriminatorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como los datos acreditan de forma incontestable».
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No es posible que haya corrupción en el PP. Debe ser una equivocación. La culpa la tienen los catalanistas...