Como se sabe, el Parlament está enclavado más o menos donde antes se ubicaba el claustro de Sant Domingo, foco de la Santa Inquisición en Mallorca. Los partidos de izquierdas son conscientes de que la puesta en funcionamiento de la oficina debe ser impecable. David Abril, portavoz de Més, habla de «arquitectura institucional». Tal equilibrio teórico podría sintetizarse en poner en marcha paralelamente la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura de Greujes, buscando un responsable para cada uno de los organismos (jurídicamente perfectamente diferenciados) pero con el objetivo común de atender a las demandas de los ciudadanos. De esta forma parece más «factible» encontrar al Torquemada anticorrupción, que tiene que ser un profesional preparado y por tanto «sabedor» del berenjenal en que se mete.
El temor es que se filtren nombres de implicados por denuncias anónimas y se arme un cacao de enormes proporciones. El caso Xelo Huertas ha hecho azuzar muchas orejas. Huertas, presidenta del Parlament e impulsora de la normativa sobre la Oficina Anticorrupción ha tenido que soportar «insinuaciones e indicios» de su propio partido (Podemos) de que ella también arrastra presuntamente un asunto de corrupción. El caso lleva camino de llegar a los tribunales porque los abogados de Huertas están estudiando una demanda civil en defensa del honor de su patrocinada. «Eso es lo que le podría pasar al director de la Oficina si su funcionamiento se le va de las manos. Habrá baile de calumnias e injurias», afirman expertos juristas.
De hecho, Huertas es partidaria de que la Oficina se ubicase en el mismo Parlament, en el antiguo local del restaurante. Considera que así los que presenten denuncias deberán hacerlo cara alta, y caso de que sean funcionarios los que denuncien, «se sentirán respaldados por la institución. Ir por detrás y a escondidas no parece lo más apropiado».
Pero al final, con Xelo debilitada por la embestida de Jarabo y Camargo, se impondrá el criterio de buscar un lugar discreto y apartado de las instituciones para formular las denuncias, buscando así «la máxima confidencialidad». Eso significa alquilar algún piso o local de las afueras de Palma.
No obstante, «quien denuncie en estas condiciones buscará el anonimato y no la cara alta y se puede armar un desaguisado». Esta Oficina analizará presuntos delitos y luego los canalizará, pero tras el asunto Huertas, todo indica que a la primera filtración o intervención del director de la Oficina, las denuncias y querellas pueden ser «de órdago». Más teniendo en cuenta que pueden incidir en la pugna política interna de los partidos. Eso a parte del gran poder que se otorgará al «Torquemada» que acepte el cargo.
«Si nos sale un irresponsable será un desastre», se afirma por lo bajini.
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