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El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) ha reclamado este martes una moratoria «inmediata» de la comercialización de casas y pisos turísticos ya que considera que el anteproyecto presentado por el Govern «da pie a la mercantilización de la vivienda» pero «la vivienda no es una mercancía turística».

Así se ha expresado el GOB en un comunicado en el que califica la situación como « totalmente desbordada » y lamenta que « todo se alquila en Mallorca ».

Para reforzar estos argumentos, el GOB ha citado datos del Consell de Mallorca -de las jornadas 'Territorio y Turismo'-, que revelan que hay 19.900 viviendas comercializadas en Mallorca (122.902 plazas) y que de éstas, poco más de 5.000 están registrados a la Conselleria de Turismo mientras que el resto son oferta no reglada.

El GOB también ha denunciado que de estas más de 120.000 plazas, un 39% se sitúan en suelo rústico, y de ellas, un 87% se sitúan en parcelas que no cumplen los parámetros urbanísticos (y por lo tanto edificios ilegales o fuera de ordenación); y que del resto de la oferta, un 35% se encuentran en urbanización litoral, un 13% en Palma (casi toda oferta no reglada en plurifamiliares), un 13% en núcleos de interior.

Por otro lado, la entidad ha recordado que el 86% son viviendas enteras, 0,23% habitación compartida, y el resto, habitaciones privadas y más de un 40 % de quienes las comercializan (particulares, inmobiliarias y otras empresas profesionales, muchas vinculadas a cadenas hoteleras) lo hacen con más de cinco viviendas (un 66% más de una vivienda).

Para el GOB, esto demostraría «que se trata ya de una actividad altamente profesionalizada y no tanto de economía colaborativa como se ha querido hacer ver».

Asimismo, el GOB ha lamentado que «Palma está dentro de las 20 primeras ciudades del mundo en cuanto a densidad de viviendas turísticas, con 90% de la oferta no reglada».

La entidad considera que las consecuencias de esto «ya son evidentes: incremento de la capacidad de alojamiento en una Mallorca que desde el punto de vista de territorio, infraestructuras y recursos ya sufre las consecuencias de la masificación turística»; mezcla de usos turísticos en espacios urbanos que por normativa urbanística son residenciales, con las problemáticas de convivencia y las transformaciones de los barrios"; o « terciarización del suelo rústico , destinado cada vez más al alquiler turístico de viviendas unifamiliares situadas en campo, con la consecuente urbanización del campo».

Por otro lado, esto también provoca «una nueva oleada especulativa vinculada al alquiler turístico de viviendas con la consecuente disminución disponibilidad de viviendas que se destinan a alquileres de larga duración», además de un aumento de precios.

Además, esto también atrae, según el GOB, «inversión extranjera que desplaza la población local para destinar pisos y fincas enteras a alquiler turístico», « gentrificación », y «presión inmobiliaria que desaloja los residentes».

Por todo ello, el GOB, a la espera de estudiar «en profundidad» la propuesta de anteproyecto, considera que la norma del Govern «incentiva el alquiler turístico de viviendas , imponiendo una serie de condiciones que son insuficientes para garantizar el control sobre los aspectos sociales, económicos y territoriales más graves de esta nueva modalidad turística».

Asimismo, la entidad ha advertido que «esta norma no será de aplicación directa», sino que «deriva la responsabilidad de limitar la actividad a los Consells Insulars y Ayuntamientos, e incluso a las comunidades de propietarios».

Esto «hará que la regulación se dilate en el tiempo sin poner orden a la realidad que ya nos ha desbordado», ha protestado el GOB, que ha añadido que una moratoria para nuevas licencias de viviendas turísticas «ya llega tarde» pero permitiría «poner en pausa el alud de nuevas viviendas destinadas a alquiler turístico».

Finalmente, el GOB ha apuntado que las autorizaciones turísticas ahora mismo sólo son posibles en viviendas unifamiliares «porque ahora mismo la oferta de los plurifamiliares es una oferta no reglada y por lo tanto ilegal, sobre la cual el Govern no ha actuado en absoluto, y que hay que denunciar y obligar a cerrar».

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