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El Parlament ha validado este miércoles el Decreto Ley de modificación de la Ley 20/2006 con el fin de disminuir la inseguridad jurídica y aportar estabilidad a las plantillas de policías locales interinos de Baleares.

Durante la votación, en la que se ha contabilizado 30 votos a favor y uno en contra, no ha contado con la presencia del PP que ha abandonado la Cámara balear ante las acusaciones de Jarabo hacia el PP durante su turno de palabra.

El diputado de MÉS Antoni Reus ha explicado que con esta normativa «se da un paso adelante» pero ha reconocido que «hasta que no se modifique el límite de reposición de plazas no se solucionará la problemática».

Por su parte, el diputado del PSOE Xisco Tarrés ha indicado que la nueva ley «da confianza» y ha recalcado que «hay que resolver el número tan grande de interinos que hay y buscar soluciones de cara al futuro».

Finalmente el portavoz del PI-Proposta per les Illes, Jaume Font, ha solicitado la tramitación del Decreto como Proyecto de Ley aunque ha sido rechazada por el pleno.

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Inseguridad jurídica

La reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que considera que no es posible el nombramiento de funcionarios locales interinos y particularmente de policías locales interinos había generado inseguridad jurídica en los municipios en el ámbito relativo a las funciones públicas que ejercen dichos cuerpos.

El Decreto Ley tiene la voluntad de aclarar cualquier duda jurídica respecto de la plena validez de las actuaciones de todo este personal funcionario interino al servicio de las entidades locales.

Asimismo, con la normativa se potenciará y promoverá la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir las plazas vacantes mediante personal funcionario de carrera.

Además, se facilitará el tránsito al cambio de modelo policial que el Govern pretende llevar a cabo y se regulará la constitución de nuevas bolsas de funcionarios interinos de los ayuntamientos y de la Conselleria en materia de coordinación de policías locales, cuando las existentes se hayan agotado o tengan una antigüedad superior a dos años.