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El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, partidario de pedir medidas cautelares para los dos principales condenados del caso Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, ha explicado que, cuando se celebran vistas de este tipo, los afectados «habitualmente tienen que estar presentes», aunque sea mediante videoconferencia.

El fiscal Horrach solicitó el pasado viernes al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma que dictó sentencia en el caso Nóos la convocatoria de una vista de medidas cautelares sobre la que las juezas aún no se han pronunciado, que afectaría a Urdangarin, condenado a 6 años y 8 meses de prisión, y a Diego Torres, con una condena de 8 años y 6 meses.

Horrach ha explicado, en declaraciones realizadas en Palma, que lo habitual es que asistan a la misma tanto los propios condenados como sus representantes legales. «Aunque no excluyo que pueda realizarse por videoconferencia», ha precisado.

El fiscal no ha decidido todavía las medidas cautelares que solicitará para Urdangarin y Torres, a la espera de analizar en detalle la sentencia «y las circunstancias concretas de este caso». «Aún no hay una decisión definitiva al respecto», ha añadido, dado que «se están contemplando todas» las posibles.

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Si bien el criterio general del Ministerio Público es solicitar el ingreso inmediato en prisión para penas superiores a 5 años, Horrach ha aclarado que «no se excluye que haya que acomodar las medidas a las circunstancias concretas del caso y por tanto se están valorando todas».

Sobre el posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Horrach es partidario de recurrir: «Hay una serie de circunstancias con las que no estamos de acuerdo».

Tras «una primera lectura» de la sentencia y a la espera de poder realizar un análisis más profundo, Horrach cree que «sí hay motivos para recurrir en casación determinados aspectos concretos».

Sería en lo relativo a la valenciana del caso, en la que han sido absueltos los cinco acusados, y de manera más concreta por «la consideración de la naturaleza jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA, empresa pública». También considera si recurrir la valoración que realizan las magistradas respecto a los costes de los eventos, ya sean los de Palma, IB Forum o los Valencia Summit.

Para plantear dicho recurso, el fiscal dispone de 5 días hábiles desde la notificación de la sentencia a todas las partes.