Imagen de televisión de agentes del Cuerpo Nacional de Policía impidiendo que un centenar de activistas antideshaucios puedan protestar ante la casa del presidente del Congreso, Jesús Posada, en Madrid. | Efe

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La Oficina antidesahucios de Palma ha conseguido parar 654 desahucios desde su puesta en marcha (julio de 2015) hasta marzo de 2017, de los cuales casi la mitad, un total de 322, han estado relacionados con problemas con el alquiler.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el regidor d'Urbanisme, Habitatge Dign i Model de Ciutat, Antoni Noguera, quien ha destacado que se ha producido un cambio de tendencia en los casos que tramita la Oficina, al producirse un incremento de las familias que acuden a este servicio por temas relacionados con el alquiler, frente a los impagos de hipotecas.

Así, Noguera ha detallado que el 75 por ciento de los expedientes que llegan a la oficina con fecha de desahucio afectan al alquiler (322 casos), frente a los hipotecarios (83 casos), que representan tan sólo el 16 por ciento.

Según los datos aportados por el responsable municipal de Urbanismo, hasta el día de hoy se han tramitado 1.337 expedientes; 632 sobre alquiler, 561 hipotecarios y 134 de otras formas.

El total de ayudas económicas realizadas desde la Oad se eleva a 75.852 euros, de los cuales 25.862 fueron para entradas de alquiler y 42.782 euros para abonar recibos pendientes de alquiler.

En el balance que ha hecho el regidor desde la apertura del servicio, ha destacado que la oficina antidesahucios de Palma es una de las que mejor están funcionando de España y ha remarcado, que ahora, que hay poca vivienda de alquiler en Palma, está haciendo una función «importantísima» en este ámbito.

En este sentido, ha incidido en la falta de pisos para alquilar en la capital balear, lo que ha provocado «una problemática a muchas familias a la hora de poder encontrar un alquiler», una situación que Noguera ha admitido que está influenciada por la proliferación del alquiler vacacional.

Así, ha explicado que, debido a que los precios estén muy elevados, muchas familias, a pesar de disponer de ingresos económicos, «no encuentran viviendas asequibles a las que poder hacer frente».

Esta situación ha provocado que el trabajo del mediador sea más complicado ya que ahora «los propietarios de pisos, una gran parte, quieren acabar los contratos con los inquilinos para poder obtener un mayor rendimiento económico», ha precisado el regidor.

Al respecto, Noguera ha admitido que los temas de alquiler «siempre son más complicados» porque en estos casos, a veces, las dos familias son las afectadas; la que no puede pagar el alquiler y la que no cobra, que puede ser que también necesite de estos ingresos para vivir.