El alcalde José Hila no ha respondido a la carta de los funcionarios. | Pere Bota

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Nueve jefes de servicio y un jefe de departamento de Cort advierten de ilegalidades y de posible fraccionamiento de contratos en la auditoría que se ha encargado sobre las adjudicaciones a la empresa Roig, Obres, Serveis i Medi Ambient S.A.

Los funcionarios municipales han remitido un escrito al Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Defensor del Ciudadano, la Delegación del Gobierno, el Sindíc de Comptes, los Servicios Jurídicos municipales y la Junta de Personal de Ajuntament solicitando que las auditorías de contratos las realice el Tribunal de Cuentas. Al Pacte de Cort ya se lo pidieron el pasado 31 de enero, pero no han recibido respuesta. Por el contrario, el 28 de marzo se publicó en el perfil del contratante la solicitud de ofertas para la realización de una auditoría externa.

Los trabajadores públicos precisan que su intención es «el cumplimiento de la legalidad» y ponen de manifiesto la necesidad de que las auditorías sean «realizadas o supervisadas por funcionarios con los conocimientos necesarios», ya que «se está poniendo en duda la profesionalidad en la función de control» de los funcionarios de la administración local y de los habilitados nacionales. En este sentido, recriminan al tripartito que ponga en duda su imparcialidad, ya que así se justifica en las bases para contratar la auditoría. Los empleados municipales advierten que en ellas se evidencia «el desconocimiento del procedimiento administrativo» y «la escasa confianza en los funcionarios». En concreto, denuncian que se pretende auditar mediante un contrato menor de 18.000 euros un conjunto de contratos que suman 35 millones.