Sefa Terrasa, a su llegada a los juzgados. | Jaume Morey

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La jefa de Oncología del hospital Son Espases, Sefa Terrasa, que alertó de la presunta estafa a enfermos de cáncer que compraban el fármaco experimental Minerval, ha ratificado este jueves ante el juez su denuncia en calidad de testigo.

«He hablado solo de lo que me corresponde», ha explicado la oncóloga tras prestar testimonio en la tercera jornada de declaraciones por la presunta estafa en el juzgado de instrucción 9 de Palma, que dirige el juez Enrique Morell.

Terrasa ha eludido dar detalles sobre su declaración, pero ha subrayado que si planteó la denuncia que finalmente originó la investigación de la policía y la detención de dos catedráticos de la UIB fue porque «había suficiente fundamento».

«Creo que el Minerval a día de hoy aún no tiene demostrado su poder terapéutico», ha afirmado la doctora, que tuvo conocimiento de que algunos de sus pacientes habían pagado elevadas sumas por el fármaco experimental con la esperanza de que resultara efectivo contra algunos tipos de cáncer.

Respecto a los argumentos de los dos catedráticos imputados, Xavier Busquets y Pablo Escribá, que aseguraron al juez que no vendían Minerval sino que facilitaban a enfermos un complemento nutricional legal a precio de coste, Terrasa ha asegurado que no tenía conocimiento de lo que habían declarado.

La especialista en cáncer ha hecho hincapié en que «los enfermos tienen que confiar en sus médicos» y consultarles «cuando no saben lo que tienen que hacer».

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Más declaraciones

Posteriormente ha declarado Félix Grasses, director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (Iunics), una institución participada por la UIB que dirigió la denuncia de Terrasa al Consejo Social de la universidad, que a su vez lo envió a la Fiscalía.

Ha explicado al juez que él canalizó en 2016 la carta de la jefa de Oncología junto con el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba), una denuncia que Terrasa había realizado un año antes al rectorado de la UIB sin que surtiera ningún efecto.

El grupo de Escribá y Busquets trabajaba al margen del Iunics porque el instituto, según su director, planteaba exigencias de control del trabajo muy estrictas que los catedráticos investigados no cumplían.

En cuanto a la molécula desarrollada por los investigadores bajo sospecha, ha señalado que el proceso para que sea aprobada como fármaco comercializable es muy largo y riguroso.

Ha aclarado además que un nutracético, complemento alimenticio con valor terapéutico que, según la defensa de los imputados era lo que suministraban a los pacientes, no se administra con propósitos curativos, sino, en todo caso, paliativos de síntomas.