El Gobierno ha tomado esta decisión tras los incidentes de los últimos días, en los que se han producido destrozos y actos violentos contra autobuses turísticos, bicicletas de alquiler y otros intereses turísticos.
Según el ministerio, la resolución se enmarca en «el firme propósito de actuar con contundencia y perseguir este tipo de actos vandálicos hasta sus últimas consecuencias».
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ya avanzó el pasado 4 de agosto desde Asturias que su departamento había encargado a la Abogacía del Estado estudiar las posibilidades de actuar contra las organizaciones que están promoviendo estos actos.
El ministerio ha destacado, en un comunicado, que el turismo es un sector fundamental para la economía española, ya que representa más del 11 % del producto interior bruto (PIB).
Según ese departamento, «uno de los factores diferenciales» de España es «precisamente poder garantizar una alta seguridad a los visitantes».
El ministerio subraya que los ataques contra el turismo «perturban el desarrollo pacífico y ordenado de la actividad turística, por lo que ponen en riesgo esa ventaja competitiva esencial».
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