«Garantizaremos la asistencia sanitaria a todo el mundo» ha asegurado tras dar a conocer la decisión judicial la portavoz del Govern, Pilar Costa, quien ha anunciado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Costa ha hecho un llamamiento al Gobierno de Mariano Rajoy para que derogue el decreto de 2012 que establecía que los inmigrantes irregulares no podrían disponer de tarjeta sanitaria, ya que la crisis que justificaba ese «recorte brutal» ha sido superada.
La portavoz ha asegurado que las 8.200 tarjetas sanitarias devueltas a inmigrantes sin permiso de residencia desde 2015 seguirán vigentes porque la sentencia del TSJIB «no es firme» y que las que han sido solicitadas «se seguirán tramitando».
La sala de lo Contencioso-administrativo del TSJIB ha estimado el recurso de la Administración General del Estado contra la instrucción del director del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut) de julio de 2015 que establecía los trámites para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes.
El TSJIB aprecia una «clara extralimitación competencial» en la instrucción del Ib-Salud impugnada, al reconocer a los extranjeros no residentes el acceso a la prestación de la totalidad de la cartera de servicios del sistema nacional de salud, algo que «choca frontalmente» con el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril que regula la condición de asegurado a los extranjeros autorizados para residir en territorio español.
La sala declara la nulidad de pleno derecho de la instrucción, de acuerdo con la LRJAP (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas).
Según el tribunal, la defensa de la instrucción que realiza el Govern sobre la base de razones humanitarias «no puede justificar ni permitir el quebrantamiento de la legalidad, que reconoce únicamente al Estado y no a las comunidades autónomas la competencia para definir el concepto de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud».
La sala agrega que «a pesar de las discrepancias ideológicas y de cualquier tipo que los responsables políticos de la administración autonómica puedan albergar» contra los reales decretos que restringen el acceso a la sanidad pública, «no pueden, escudándose en un criterio humanitario, modificar y ampliar aquel concepto porque carecen de competencias para ello».
Además de la extralimitación competencial, el TSJIB también aprecia «un claro quebrantamiento del principio de jerarquía normativa», del articulo 9.3 de la Constitución que prohíbe que las disposiciones de inferior rango contradigan las de nivel superior.
El TSJIB indica que una instrucción debe tener un ámbito y alcance «estrictamente organizativo», según varias sentencias del Tribunal Supremo.
En el caso de la instrucción recurrida, el carácter eminentemente organizativo de su título es solo «aparente», según la sala, ya que la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria en España que dos Reales Decretos Ley de abril y agosto de 2012 no reconocen a los extranjeros no residentes legalmente en España, «la instrucción sí se lo reconoce».
La sentencia asegura que «el ámbito organizativo que la instrucción proclama en su título denominador, es única y exclusivamente aparente, porque su contenido excede, y en mucho, de lo que es propio de una instrucción dictada por el director general del Ib-Salud a los órganos administrativos de ese ente público».
El TSJIB recuerda también sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, de 2012, 2016 y en particular una de mayo pasado que desestimó un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de 2012, y asegura al respecto que «no cabe duda de que es competencia del Estado (...) establecer las condiciones de asegurado y beneficiario del Sistema Nacional de Salud ya que esa normativa tiene carácter de básica en materia sanitaria».
La sentencia indica que «el carácter básico de aquella regulación comporta el obligado cumplimiento por las comunidades autónomas de aquel contenido, y no pueden contravenirla».
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, impone las costas al Ib-Salud hasta un máximo de 2.000 euros.
76 comentarios
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Menos mal, pero si no hay medios para los de aqui como quieren atender a quien esta por la cara en nuestro pais.........
No les quitan la sanidad ya que pueden ir a urgencias,Lo que no es logico es que tambien tengan medicinas y demas gratuitas,que muchas veces envian a sus paises.Con la reforma del 2012 los menores y embarazadas tenian todos las prestaciones cubiertas y los demas podian acudir a urgencias.. Todas las personas que viven más de tres meses en Suiza están obligadas por la ley a afiliarse a una compañía de seguros, incluso en el caso de los inmigrantes sin papeles.En cuba a dia de hoy no puedes entrar akl pais si no tienes contratado un seguro medico
Menos mal que la justicia parece tener algo de sentido común. El Govern no es nadie para regalar dinero de los contribuyentes, eso deberían tenerlo claro, porque entre otras cosas, no es suyo. Al igual que están haciendo dedicandose a prohibir en casa ajena, y a entrometerse hasta el punto de dictar normas sobre la propiedad privada. Esperemos que la justicia haga lo propio en todos los casos donde este Governet de pacotilla ha querido jugar a dictadura venezolana camuflada. Con dinero público no se puede jugar, y la justicia se lo ha comunicado como debe ser. Lo que estaría muy bien, es que también sienten a estos vireyes en el banquillo y que paguen el gran daño causado. No pueden irse de rositas como si aqui no hubiera pasado nada, son responsables de malversación de dinero público y perjuicio a la propiedad privada. A cada cerdo le llega su San Martín, y a estos ya va siendo hora que les paren los pies, dictadores disfrazados de comunistas.
A,una,tal MARIA A:Aquí,no se habla de si somos,o no,Cristianos,,,,SE HABLA,de "parné",y de derechos ADQUIRIDOS,(Ó NÓ) POR LO QUÉ,si cualquier Español,que ha cotizado,toda,su puñetera vida,TIENE QUE SER MENOS,QUE UN INMIGRANTE,REFERENTE,A SUS DERECHOS? Esto,es lo básico,,,porque,a éste señor,NO SE LE SUBVENCIONA EL ALQUILER,(INTEGRO)PORQUÉ,no se de le dan,250€,por hijo,(ó,más),,,,,,,,,porque,ES ESPAÑOL,Ó,PORQUE ES TONTO??? SI LOS GOBERNANTES,PAGARAN DE SU BOLSILLO,¿HARIAN LO MISMO? Estamos en manos de cuatro energúmenos, que se ríen,de nosotros,,,,,ESPERPENTICO,!!.
Menos tonterías,yo,tengo,75,años,mi padre,fue,Emigrante,A VENEZUELA,POR EL AÑO,1952,Y,PARA PODER IR,TUVO,UN TÍO SUYO,MANDARLE,LO QUE SE DECIA,"UNA CARTA DE LLAMADA"(AÚN,LA CONSERVO), DE LO CONTRARIO,UNA VEZ,ALLI,¡¡NO SE LE DEJABA BAJAR DEL BARCO,,,,,,,,Y ALLI,"NO TENIA,NINGÚN DERECHO,"DE LOS QUE TANTO SE HABLA AHORA),Ó SÉA,QUE ¡¡MÉNOS CUENTO,Y MÁS REALIDAD!!,QUE AQUI,NO SE HATAN LOS PERROS CON LONGANIZAS,POR MUCHO QUE MUCHAS DE NUESTRAS PSÉUDOAUTORIDADES,LO QUIERAN HACER CREÉR,AL RESTO DEL MUNDO. SI PAGASEN DE SU BOLSILLO OTRO GALLO CANTARÍA.!!
Veremos como la justicia tirará abajo tantas idioteces y sectarismo hecho por este pacte del desastre. Lo malo es que nos cuesta un dineral y lo hacen mal.
De la noticia se desprende que la señora Costa , y por ende su gobierno , no acata la Ley.
Pero si son ilegales ,que los deporten ,que hacen aquí?????,estos politicuchos que les paguen ellos todos los servicios .Que es lo positivo ???.Pero es que el gran peligro de tener a esta gente aqui sin atencion sanitaria que pueden traer alguna enfermedad grave .Que no tienen que estar aquí!!! .El único sentido que tiene es para captar votos,eso es lo que miran por el pueblo que les da de comer .De verdad que no se dan cuenta que son ellos ,los politicuchos ,el problema.
Increíble lo facil que es ser generoso con el dinero del contribuyente.Si fuera de su bolsillo no serían tan generosos. No me extraña que lo inmigrantes no quieran trabajar,si les basta con las ayudas. Ayudas que nos deniegan a los demás. Como cuando se pidio a los médicos que dedicaran un par de horas fuera de horario de trabajo a atender a personas sin papeles........y la respuesta fue que sin cobrar tururu!!
irregulares fuera que no nos estamos dando cuenta de nada con el buenismo y los perroflautas.