Así lo ha afirmado durante su declaración en el juicio por contratación presuntamente irregular de los arquitectos del velódromo dentro de las subpiezas separadas número 8 y 9 de este caso.
Ballester ha señalado que desde el principio ha colaborado con la justicia y que ha dicho «la verdad, para que las cosas tengan algo de lógica» y ha expresado que cuando él empezó a hablar, otros empezaron a reconocer la presencia del que fuera presidente del Govern, Jaume Matas, en los asuntos relacionados con el Palma Arena.
«Yo no me llevé ni un euro, lo que quiero es estar tranquilo, ir a pescar con mi llaüt, no quiero volver a contar siempre lo mismo», ha expresado Ballester, que también ha dicho que a causa de este juicio ha tenido «una enfermedad» y ha tenido que vender su «propiedad».
Por otro lado, ha dicho que la decisión de gestionar la creación del Palma Arena, a través de la Fundación Illesport fue del Govern y ha dicho que a él se lo transmitió la ex jefa del gabinete de Matas, Dulce Linares.
Respecto a la contratación del arquitecto Ralph Schürmann, Ballester ha dicho que fue el gerente de Illesport, Gonzalo Bernal, en el marco de la comisión ejecutiva, que finalmente les informó de que el contrato se haría con él en función de que lo que había establecido la Unión Ciclista Internacional (UCI) que señaló que era el único que podía realizar el proyecto del Palma Arena.
Por su lado, Matas ha asegurado que en su momento nadie le dijo que «el proceso fuera ilegal» y solo ha admitido la «responsabilidad política». Así, se ha desligado de los trámites administrativos para la ejecución de la infraestructura.
De esta manera, ha negado ser él quien pidiese a la fundación Illesport, dirigida por Ballester, la elaboración del proyecto y que la elección de Schürmann, como primer arquitecto se llevó a cabo tras un informe presentado por el propio Ballester.
A Ballester se le imputan los mismos delitos que a Matas -prevaricación, fraude y falsedad documental- aunque la pena pedida por el Ministerio Fiscal es menor. Así, Matas se enfrenta a un total de cuatro años de cárcel y Ballester a una pena de seis meses (sustituible por una multa de 1.000 euros).
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