En agosto de este año se celebró en Palma la última corrida de toros antes de la entrada en vigor de la ley que prohíbe el maltrato del animal. | M. À. Cañellas

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El Consejo de Estado, órgano que asesora al Gobierno de Mariano Rajoy en materia jurídica, ha dado su visto bueno para que el presidente del Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica ley de toros ‘a la balear'. La decisión del Consejo de Estado abre la puerta a que el Consejo de Ministros autorice a Rajoy a presentar este recurso, algo que se prevé que pueda suceder este mismo viernes, según fuentes de Gobierno. La interposición de este recurso supondrá que la ley quedará automáticamente en suspenso por un periodo de al menos cinco meses mientras el Alto Tribunal analiza el contenido del texto, sí así lo solicita expresamente el presidente del Gobierno en su recurso. En este caso, el Tribunal Constitucional ha de ratificar o levantar la suspensión una vez pasados esos cinco meses.

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La ley de toros ‘a la balear' regula una modalidad de corridas de toros específicas para las Islas en las que no puede haber ni muerte ni maltrato del animal. También se establece que la lidia de cada toro solo durará 10 minutos y solo se podrá torear un máximo de tres toros. La ley también incluye una serie de regulaciones sobre el acceso de menores a los cosos, condiciones técnicas de las plazas y de los quirófanos o controles ‘antidoping' para toros y toreros. Lo que persigue la ley es prohibir de facto las corridas de toros y eludir a la vez la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció en contra de la prohibición de los toros en Cataluña. Sin embargo, antes incluso de que el Parlament aprobara la ley, el Gobierno central envió un contundente requerimiento al Govern en el que le advertía de que la norma era contraria al ordenamiento constitucional porque invadía competencias del Gobierno central. También advertía de que algunos de los artículos incluidos en el texto vulneraban de forma directa artículos de la Constitución.

Los partidos de la izquierda hicieron caso omiso de este requerimiento y continuaron con la tramitación de la ley, que muy probablemente acabará en el Constitucional. A raíz de la aprobación de la ley, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ya comunicó a la consellera de Cultura de Balears, Fanny Tur, la intención de presentar este recurso.