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En 2016 se generaron en Mallorca más de 605.000 toneladas de basuras, una cifra que no para de crecer y que ha provocado que el depósito de cenizas de Son Reus esté ya al límite de su capacidad. De estas 605.000 toneladas, solo se recicló el 17 %, lo que implica que la mayor parte de los residuos generados fueron a parar a la planta incineradora. Reducir esta tendencia, así como garantizar un uso prudente y racional de los recursos naturales son dos de los pilares básicos del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminantes de Balears que este jueves inició su periodo de exposición pública.

Tal y como avanzó Ultima Hora, la nueva normativa prevé la desaparición de las cápsulas de café como hoy las conocemos, ya que a partir de 2020 deberán ser compostables o las empresas comercializadoras estarán obligadas a realizar un proceso de recogida y reciclaje posterior.

A las famosas cápsulas de café (de plástico o aluminio) también hay que añadir una lista de productos, básicamente de plástico, que desaparecerán de nuestro uso diario. A partir del 1 de enero 2020 estará prohibida la distribución y venta de platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas de plástico de un solo uso, así como los productos que contengan microplásticos o nanoplásticos, principalmente dentífricos y cosméticos. A ello hay que añadir la prohibición de comercializar pajitas de plástico, bastoncillos para las orejas o bastones de chupa chups. Todos estos productos deberán substituir su composición de plástico por otros materiales compostables.

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Todo recargable
Tampoco se podrán vender en Balears productos de un solo uso como encendedores y maquinillas de afeitar, cartuchos y tóners de impresoras y fotocopiadoras. Todos estos productos deberán ser recargables según la nueva normativa que se avanza a las directrices europeas.

Además, los fabricantes o distribuidores de toallitas húmedas que se pongan a la venda en Balears deberán incorporar información sobre los perjuicios que provocan en el medio ambiente.

La ley balear de residuos también cierra la puerta de manera clara a la importación de residuos para después tratarse en las plantas públicas del Archipiélago, como ocurrió la pasada legislatura.

La Conselleria de Medi Ambient i Agricultura del Govern balear confía en que la nueva norma podrá quedar aprobada después del verano y fija un régimen de sanciones que van desde los 300 a los 9.000 euros en caso de infracciones leves, hasta 300.000 euros para las graves y de 1.750.000 euros para las consideradas muy graves.