Los Juzgados de lo Penal de las islas dictaron 5 sentencias condenatorias con conformidad en procesos por delitos de corrupción. En estos juzgados ingresaron 6 asuntos de corrupción, y el año acabó con uno de ellos pendiente de finalizar.
La Audiencia de Palma dictó las otras 12 sentencias en este tipo de procesos, de las que 9 fueron condenatorias con conformidad y 3 fueron sentencias parcialmente condenatorias, entre las que figura la del caso Nóos, en la que fueron condenados 7 de los 17 acusados, dictada el 27 de febrero.
La Audiencia de Palma terminó 2017 con 3 asuntos por corrupción pendientes de finalizar.
Además, los jueces de Instrucción Baleares concluyeron 8 causas por corrupción en 2017, en las que dictaron auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 40 personas, de las que 33 eran hombres y 7 mujeres. La mayoría de los procesados por corrupción son españoles, con 39, solo uno es un ciudadano extracomunitario.
Los jueces españoles abrieron juicio oral por delitos de corrupción a 411 personas durante el año 2017, mientras que, durante ese mismo ejercicio, hubo 126 sentencias por delitos de este tipo en primera instancia, de las cuales el 73 % fue condenatoria.
En total, los jueces y juezas españoles concluyeron en ese mismo año 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.
Así lo revela la base de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, al que se han incorporado los correspondientes al último trimestre de 2017.
Esta base de datos, que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es.
Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de sus elementos el mal uso del dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Se trata de delitos de prevaricación urbanística o administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
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cuando devolverán lo robado y entraran en la prisión