El caso, que será juzgado el próximo mes de mayo en la Audiencia Provincial, nace de una disputa entre dos empresas dedicadas a proporcionar mobiliario a hoteles. | Ultima Hora

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El su hijo de un empresario de muebles de Manacor afronta una petición de cuatro años de cárcel y de más de cinco millones de euros de los antiguos socios de su padre que le acusan como cómplice de un delito de administración desleal del que responsabilizaban a su progenitor, que falleció con posterioridad a que se formalizaran las conclusiones provisionales de las partes.

El caso, que será juzgado el próximo mes de mayo en la Audiencia Provincial, nace de una disputa entre dos empresas dedicadas a proporcionar mobiliario a hoteles. La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales no aprecia que se cometiera delito alguno y apoya la absolución.

El principal acusado mantenía desde 1991 una empresa de muebles junto a otros tres socios y era el administrador de la misma. Una década después puso en marcha otra mercantil junto a su hijo, con el mismo objeto social. Los socios de la primera mercantil sostienen que desde ese momento intentó que todos los beneficios fueran para la empresa nueva a costa de intentar hundir la primera.

Según su acusación realizaron a lo largo de los años 2001 a 2004 instalaciones en varios hoteles en los que cargaban los costes a la empresa que compartían con los otros socios, pero los facturaban desde la nueva. En otras ocasiones usaba la primera empresa como proveedora de la segunda, pero la facturación era muy inferior a lo que luego cobraba de los hoteleros. Con este método, los exsocios sostienen que dejaron de ganar más de cinco millones de euros y ahora reclaman esa cantidad vía judicial.

La querella se presentó en el año 2004 y ha tardado más de una década en llegar a juicio tras ser instruida en Manacor. Los demandantes recurrieron al exjuez del ‘caso Blesa’, Elpidio Silva, durante la causa, aunque en el juicio les representará un letrado mallorquín.

La vista se celebrará a principios del mes de mayo en la Audiencia Provincial y durará dos días. También está citado un detective privado que hizo una investigación para los querellantes y responsables de algunas empresas hoteleras con las que el acusado facturó los cinco millones que le reclaman.