La consellera de Sanitat, Patricia Gómez, durante su comparecencia la tarde de este martes en la sala verde del Parlament. | @ParlamentIB

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La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado este miércoles que el decreto que regula los requisitos de catalán de los profesionales sanitarios «no ha tenido ninguna repercusión en la contratación ni la tendrá», al menos no de carácter negativo, porque «no pone ninguna barrera».

Así se ha expresado Gómez durante una comparecencia parlamentaria en la Comisión de Salud, a petición del PP. En su intervención se ha referido al recurso planteado por la Delegación del Gobierno criticando la «persecución continua y constante de las decisiones tomadas en esta comunidad».

Además, la consellera ha afirmado que existen sentencias del Tribunal Constitucional desestimando los argumentos de la Abogacía del Estado.

Gómez ha negado que el decreto busque «castigar» a quien no tiene el requisito, que cree dos bolsas o que quite «ningún derecho», puesto que «todo el que ya está dentro de la carrera profesional seguirá cobrando el nivel que tiene».

También ha subrayado que el decreto supone que a igualdad de méritos prevalece el que tiene el requisito exigido. «Es absolutamente falso que un nivel B de catalán tenga la misma puntuación que un máster», ha aseverado la responsable de Salud del Govern.

Además, la consellera ha destacado el bajo nivel de exigencia de catalán y ha declarado que tiene conocidos de fuera de Baleares que «en tres meses» se han sacado el nivel requerido. «Los profesionales sanitarios estamos acostumbrados a estudiar», ha apostillado.

En su intervención inicial Gómez ha recordado que la Constitución Española «reconoce que las diferentes lenguas de España forman uno de los patrimonios culturales más importantes» y establece su protección y estudio.

Según la consellera, «la exclusión del catalán del sistema educativo durante un largo periodo de tiempo y la incorporación constante de personas de otros territorios hace necesario un sistema para que el personal de las Administraciones Públicas acredite el conocimiento» del catalán, lo que «mejora la calidad de la atención sanitaria sin ninguna duda».

Gómez también ha incidido en que la norma «ha pasado todos los trámites de forma correcta» y que incorporó las recomendaciones del Consell Consultiu.

Además, ha insistido en que los profesionales no perderán su plaza si no acreditan el nivel inmediatamente y que se admitirán todas las solicitudes de participación.

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«Gracias al decreto es todo mucho más sencillo», ha afirmado Gómez, que se ha mostrado «sorprendida» por «todos aquellos que dicen que los médicos se van [de Baleares] por la lengua».

Intervenciones de los grupos

En el turno de las intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado del PP Vicent Serra ha reprochado a Gómez que no se había pedido su comparecencia «para hablar de política lingüística, sino de la repercusión de la política lingüística sobre la salud». Según Serra, la consellera «utiliza esa estrategia de salida porque no hay otra» ya que «tendría que reconocer errores que se ha producido».

El PP ha recriminado al Govern que arriesgue «la gestión sanitaria a cambio de unos votos en el Parlament» y ha alertado de que los ciudadanos pagarán «las consecuencias».

El diputado ha insistido en que «uno de los principales problemas sanitarios» de Baleares es el «déficit asistencial» debido a que «faltan determinados profesionales sanitarios». «Estamos ante una decisión ideológica y lingüística», ha denunciado.

Por su parte, la diputada de Cs, Olga Ballester, ha dicho que «querer que los sanitarios conozcan la lengua es un objetivo loable» pero que el decreto «elimina de un plumazo dos derechos del trabajador», sobre carrera profesional y movilidad, lo que para la formación naranja es «un absoluto despropósito».

Los grupos que apoyan al Govern han defendido la necesidad del decreto. La diputada del PSIB Maria José Camps ha criticado la «demagogia» de la oposición y le ha acusado de «instrumentalizar» la Delegación del Gobierno para sus propios intereses.

Desde MÉS per Mallorca, Josep Ferrà ha valorado las «cuotas de consenso bastante satisfactorias» del decreto y ha destacado su progresividad, así como que el nivel exigido es de expresión y comprensión mínimas.

Igualmente, la diputada de MÉS per Menorca Patricia Font, ha argumentado que «las lenguas no sólo curan, explican, acompañan y consuelan», que «comprender es más que entender» y que «el lenguaje es fundamental para cualquier profesional sanitario».

El diputado de Podemos en la Comisión, Carlos Saura, ha afeado al PP que «no ha dado un solo dato» en su intervención. «El líder de Cs últimamente sólo ve españoles, yo veo a ciudadanos que tienen derecho a usar la lengua que consideren en la administración», ha ironizado también.