La propuesta pactada finalmente entre el Consell y el Govern permitirá elevar la protección del suelo rústico. | Toni Escobar

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El alquiler vacacional no se podrá hacer libremente en todas las viviendas construidas en suelo rústico común. El Consell de Mallorca deberá introducir limitaciones a este negocio en chalets con el objetivo de preservar el territorio por exigencia de las Comissió Balear de Medi Ambient, que depende del Govern y que está controlada por Més. El subcomité técnico de este organismo aprobó en su reunión del pasado jueves el informe favorable a la propuesta de zonificación del Consell de Mallorca, si bien con matices.

Los técnicos del Govern habían presentado un informe previo en el que rechazaban la posibilidad de permitir el alquiler vacacional en suelo rústico, lo que suponía limitar el alquiler en el 80 por ciento del territorio de la Isla. Durante la reunión, el Consell planteó una alegación para restringir las posibilidades de alquiler en suelo rústico con una serie de limitaciones que se detallarán en el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT). Este plan se aprobará inicialmente el mes que viene.

Los técnicos de la Comissió de Medi Ambient introdujeron otras dos matizaciones en la propuesta de zonificación del Consell. Una de ellas afecta a la autorización del alquiler vacacional en las zonas maduras por un periodo máximo de dos meses. Los técnicos de Medi Ambient entendían que, si la zona estaba madura, no cabían más autorizaciones ni tan siquiera por un periodo de 60 días. Finalmente sí se aceptó después de que el Consell propusiera que el PIAT regule también en qué periodo del año se podrán autorizar esos 60 días de alquiler vacacional.

La tercera matización impuesta por los técnicos a la propuesta de zonificación del Consell tiene que ver con las zonas no maduras del litoral. La institución insular se ha comprometido a analizar si alguna de estas zonas también están saturadas. Los trabajos también se harán en el PIAT.

Mientras trabaja en estas modificaciones de la zonificación, el Consell también se ha puesto manos a la hora de determinar en qué zonas y en qué supuestos se aprobará una suspensión de licencias mientras se tramita el PIAT. Tiene un plazo máximo de dos años, pero los responsables del Consell confían en poder aprobarlo mucho antes.