Las condenas firmes que obligan al Govern a indemnizar a propietarios afectados por la ley de 2008 que desclasificaba suelos urbanizables para protegerlos suman ya casi 111 millones de euros y aún quedan procesos abiertos que podrían elevar esta cifra.
La portavoz del Govern, Pilar costa, ha señalado que el ejecutivo tendrá que hacer frente a una indemnización de unos 85 millones de euros tras rechazar el Tribunal Supremo su recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que daba la razón a los propietarios de unos terrenos en Punta Pedrera, en el municipio ibicenco de Sant Josep, que perdieron la posibilidad de edificarlos.
El Govern de izquierdas promovió en 2008 la Ley de Medidas Urgentes de Desarrollo Sostenible, aprobada por el Parlament, que desclasificó con criterios medioambientales numerosos terrenos con expectativas urbanísticas en diferentes puntos del archipiélago.
La semana pasada, el Consell de Govern ordenó, en cumplimiento de una sentencia, pagar 25,7 millones de euros a una empresa propietaria de terrenos urbanizables en Biniorella (Andratx) que fueron recalificados como suelo rústico protegido.
Costa ha recordado que la ley 4/2008 perseguía fines de protección del medio ambiente y ha asegurado que el ejecutivo «habilitará los recursos que sean necesarios» para hacer frente a la nueva sentencia firme que le obliga a indemnizar por Punta Pedrera.
La portavoz, que ha indicado que la intención es cumplir esta resolución judicial en el actual ejercicio presupuestario, ha precisado que otras sentencias en contra del Govern por motivos similares aún no son firmes y habrá que esperar a que lo sean para hacer balance del impacto sobre las arcas públicas de la ley 4/2008.
Solo en el caso de Biniorella, al margen de la sentencia firme que ha supuesto el citado pago de 25,7 millones de euros, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha fallado en otras tres causas en favor de los propietarios y ordenado indemnizaciones que, sin intereses, suman 55,5 millones de euros.
9 comentarios
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Por eso debería cambiar la Ley y exigir reaponsabilidades personales a los polítcos. No puede salir tan barato tener caprichos o simplemente incompetencia.
Del Pacte? No puede ser, al final la culpa será del PP.
Aixo es unaltra manera de expliar a ses Balears y no el fan desde Madrid el fa s’incompetecia de aquets elements no politics (politics es unaltre cosa ) avont estan es que demanen dimisions par cualsevol cosa de moment estam parlant de 111 millons de euros, cuantes vosas mos eu fotut amb aquesta cantidad tendriem par millorar las Balears y no a forsa de impots, ja esta be!! Si no sabeu gestiona ARRUX y tambe tota se colla se Asesors? Que teniu VERGONYA CAVALLERS VERGONYA
QUE VERGÜENZA DE GOBIERNO
Perdón quería decir a la cárcel todos los del Pacte anterior, empezando por Antich.........
A la cárcel con todos los del Pacte anterior, que por cierto en el actual hay algunas/os que ya estaban, empezando por Antich, que ahora debe de estar riéndose de todos nosotros en Madrid con su sueldazo. Que paguen con sus patrimonios las decisiones equivocadas (a sabiendas de que lo eran) y así nos quedaremos tranquilos, nosotros no tenemos el porque pagar las decisiones de unos políticos incompetentes.........
como siempre... el ciudadano pagando la incompetencia de nuestros gobernantes!!!
ellos (politicos) no pagan su incompetancia, lo pagamos los demás...
Si de todas maneras no pagan...que mas da ¡¡¡¡