Así lo ha anunciado UGT en una nota de prensa en la que ha criticado la «degradación incuestionable» de los Servicios de Administración General del Estado en Baleares. Además, ha lamentado que suceda lo mismo con «la dignidad de los empleados públicos por culpa de una compensación insuficiente de la insularidad».
En el escrito remitido a la delegada, el sindicato avisa de que los funcionarios «no pueden afrontar vivir en Baleares con las retribuciones actuales». En particular, UGT ha tildado de «dramática» la situación en Ibiza, donde quedan plazas vacantes.
A su vez, UGT ha solicitado a Sánchez que inste al Gobierno a revisar la normativa y las cuantías del complemento de residencia, ya que esta situación es «una vulneración inaceptable de los principios constitucionales de solidaridad y equilibrio interterritorial», que según han afirmado, «no admite demoras en su resolución».
Hasta ahora, el sindicato entiende que sólo han impulsado «parches oportunistas a través de mejoras de productividades de algunos colectivos», y que «no resuelven el problema», han criticado.
«DESPROPORCIONADA» OFERTA DE PLAZAS EN JUSTICIA
Por otro lado, UGT ha acusado al Gobierno de intentar «enmendar con parches el problema real de la temporalidad del empleo público en Baleares» con la «desproporcionada» oferta de plazas de Justicia en la Comunidad. Más del 70 por ciento de las plazas de Justicia publicadas este lunes en el BOE corresponden a las Islas.
En este sentido, el sindicato ha advertido del impacto de la oferta sobre el conjunto de los empleados públicos que dependen del Ministerio.
Por una parte, ha criticado que un gran número de funcionarios de carrera «se ven obligados» a elegir plaza «en un territorio con un «dificilísimo acceso a la vivienda y un elevado coste de vida», lo que no se ve «correspondido con las retribuciones salariales que se perciben en el Ministerio de Justicia en Baleares».
Por otro lado, UGT ha argumentado que con la llegada de estos funcionarios, los interinos que ahora ocupan las plazas serán cesados en una «destrucción neta de empleo». Según la organización sindical, podrían ser despedidos 300 trabajadores.
Finalmente, UGT ha argumentado que los funcionarios que han sido «forzados» a venir a Baleares «concursarán para poder elegir el destino deseado» y se volverá «a la situación de origen».
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