Momento del juicio. | Jaume Morey

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La Fiscalía retirará la acusación a los siete controladores que no habían llegado a un acuerdo en el caso que investiga el caos aéreo del puente de la Constitución del año 2010 si el resto de acusados -73- aceptan la multa por abandono del servicio. De esta manera, se acabaría llegando a un acuerdo global entre las partes.

Así se ha acordado este lunes, día en el que ha comenzado el juicio por estos hechos. En esta jornada, un total de 18 acusados ya han aceptado haber cometido el delito de abandono del puesto de trabajo.

En concreto, 17 de estos deberán pagar una multa de 15.000 euros cada uno (255.000 euros en total) y otro acusado más, con cargo sindical, deberá pagar una multa de 31.500 euros ya que, además, se le ha imputado un delito de cooperador necesario. También se le ha impuesto una pena de suspensión de este tipo de empleo durante cinco meses.

Durante esta semana irán declarando el resto de acusados por lo que se espera que el jueves, el presidente del tribunal, Jaime Tártalo, pueda dar el juicio como visto para sentencia en el caso de que todos los acusados acepten el pacto de conformidad.

Con esto, se acabaría retirando la acusación de siete controladores que no habían aceptado el acuerdo de manera previa y que dispondrían de circunstancias --haber faltado de manera justificada al puesto de trabajo, por ejemplo-- que les eximirían de ser juzgados.

Por su parte, el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Daniel Zamit, ha celebrado que se haya llegado a este acuerdo en el que a los siete controladores se les retirará la acusación porque es «flagrante» que no deberían haber estado el sumario.
De esta manera ha destacado que la Fiscalía haya retirado el delito de sedición y solo haya mantenido el de abandono de puesto de trabajo. «Estamos en una situación mejor que la de esta mañana», ha dicho.

Así, aunque ha destacado que se quedan con «un sabor amargo» ya que consideran que no tienen la culpa también cree que es mejor que «no se celebre el juicio porque hubiera tenido graves consecuencias».

El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. Se abrieron más de veinte causas en juzgados de toda España, entre los que figuran además de Madrid y Palma, las causas ya archivadas en Valencia, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Sevilla y las resoluciones judiciales dictadas por los Juzgados de Instrucción de Granadilla de Abona (Canarias), Sevilla, San Cristóbal de la Laguna, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Reus, Sabadell, Bilbao, Santiago de Compostela y Santa Colomba de Farners (Girona).