Imagen de los derribos de viviendas en Son Banya. | Jaume Morey

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El Ajuntament se plantea dar ayudas a las familias de Son Banya afectadas por la orden de desahucio, pese a que tengan causas judiciales pendientes con la justicia; sí se mantiene la denegación de las prestaciones a las personas condenadas con sentencia firme. La regidora de Benestar, Mercè Borràs, explicó este viernes a los partidos políticos que el hecho de denegar las ayudas a las personas que tienen causas pendientes podría ir contra el derecho a la presunción de inocencia.

El abogado de las familias de Son Banya, Gonzalo Márquez, ya había formulado esta petición al Pacte.

Borrás también planteó la posibilidad de cambiar el sistema actual de ayudas (1.000 euros para vivienda para las personas que cumplen los requisitos) por una subvención. La regidora que argumentó que esta modalidad ha sido muy cuestionada por otros sectores.

No obstante, reconoció que si tienen deudas con la administración, como le ocurre a muchos de los posibles beneficiarios, no podrán recibirla. El PP ha pedido más información sobre los motivos de este cambio.

Los dos partidos de la oposición se mostraron muy preocupados por la situación de las familias del poblado. El presidente de Ciudadanos (C's), Josep Lluís Bauzá, exigió a Borrás que se cumpla «estrictamente» el acuerdo para el desmantelamiento del poblado de Son Banya y que se estudie de forma pormenorizada el caso de cada una de las familias afectadas. En este sentido, señaló que deberían tener en cuenta que a las viviendas con orden de desahucio se han adosado otros espacios en los que viven más familias, que quedan excluidas de las ayudas.

Por otra parte, el juez aceptó este viernes a trámite la denuncia presentada por los gitanos de Son Banya por un delito medioambiental, con la agravante de afectación a la salud pública. El abogado de los afectados por los desahucios añadió que puede haber «un delito de prevaricación por la toma de algunas decisiones». Márquez recordó que la uralita ha estado 15 días en el poblado, con el riesgo para la salud que supone el amianto. Además, avanzó que la próxima semana tendrán el informe del perito judicial que «probará las mentiras de Cort».