El GOB pide al nuevo Govern paralizar obras en carreteras y regular el turismo de cruceros

Así han informado el presidente del GOB, Amadeu Corbera, y la portavoz de la entidad, Margalida Ramis, en una rueda de prensa en la que han señalado que las propuestas del grupo pretenden «incidir» en las negociaciones actuales de los partidos progresistas de cara a configurar un nuevo Ejecutivo de izquierdas. «Son medidas imprescindibles si el nuevo Pacte quiere mostrar su compromiso con el medio ambiente y el territorio. Con la fuerza de los movimientos sociales, el Pacte gana», ha apuntado Corbera, quien ha asegurado que la entidad «no dará margen» al nuevo Pacte.

Desde la entidad han señalado que la paralización de la ejecución de todas las obras del convenio de carreteras actual -en la que se incluye el desdoblamiento de la carretera Llucmajor-Campos- debe ir acompañada de una moratoria de carreteras hasta la aprobación del Plan Integral de Movilidad del Govern.

«Planteamos la paralización cautelar de todas las obras hasta tener un plan de movilidad integral que incremente el transporte público y reduzca la necesidad de desplazarse en vehículo privado», han señalado. Sobre el plan de carreteras, Ramis ha apuntado que ha sido un instrumento que «ha hecho mucho daño» al territorio. «Paralizar las obras sería una muestra de que el nuevo Pacte está dispuesto a cambiar la dinámica anterior legislatura», ha añadido Corbera.

Por otro lado, la entidad ecologista ha marcado como una prioridad la revisión de los instrumentos de planteamiento de los puertos de interés, puertos autonómicos y aeropuerto.

En este sentido, han enfatizado la necesidad de regular el turismo de cruceros al haber experimentado éste un crecimiento «exponencial» desde 2015 a 2018. Además, Ramis se ha referido a un estudio de la Federación Transport & Environment que sitúa Palma como el segundo puerto europeo con mayor incidencia de contaminación por cruceros y ha apuntado la limitación de la llegada de cruceros, la declaración del Mediterráneo como zona ECA y la parada de los motores de las embarcaciones en el puerto como «medidas que ya se aplican» en otras zonas del globo.

«La masificación turística no se soluciona redistribuyendo el tráfico de cruceros, sino estableciendo límites», ha manifestado Ramis. Cabe recordar que esta semana, el director general de puertos y aeropuertos de Baleares, Xavier Ramis, reconoció la «problemática» del turismo de cruceros y, entre otros, propuso redistribuir el tráfico de este tipo de embarcaciones al puerto de Alcúdia, ya que actualmente sólo recalan en el de Palma.

En materia de vivienda, desde el GOB han planteado la aprobación de una ley que regule la adquisición de inmuebles por parte de no residentes sin un mínimo de 5 años de residencia para «blindar» el derecho a acceder a la vivienda.

«Evidentemente, no sería una ley dirigida a quien viene a buscar trabajo sino para aquellos que vienen a especular con la vivienda», ha matizado Corbera. Preguntados sobre la necesidad de construir más viviendas en Baleares para abordar la problemática, desde el GOB han subrayado la «necesidad» de «desmontar» el relato «neoliberal».

«Dicen que cuántas más viviendas se hacen más baja el precio, pero en Baleares se ha construido más que nunca y los precios no bajan. Construir más no baja el precio de la vivienda, igual que hacer más autopistas no soluciona el tema de la movilidad», ha reseñado el presidente del GOB.

En clave turística, Ramis se ha referido a la relevancia de que el nuevo Ejecutivo del Pacte revise la Ley Turística para abordar lo que consideran una «necesidad» como es la moratoria de plazas turísticas y su decrecimiento mediante la fórmula 2x1 -dar de baja dos plazas por cada nueva plaza turística-.

«En los últimos días hemos visto contactos entre la presidenta de Govern en funciones, Francina Armengol, y el sector hotelero que responden a la petición de quitar restricciones establecidas en la anterior legislatura», ha considerado Ramis.

En la misma línea, el GOB insta al nuevo Ejecutivo a revisar los instrumentos del modelo territorial con criterios de reconversión sin crecimiento, desclasificación de suelos urbanizables y protección «integral» del suelo rústico para usos primarios.

Otra de las medidas propuestas por la entidad ecologista pone el foco en la planificación territorial de energías renovables con criterios de «descentralización y justicia social» y estableciendo la implantación «prioritaria» en espacios urbanizados. «Un megaparque fotovoltaico no necesariamente se debe ubicar en suelo rústico», ha explicado Ramis, quien también se ha referido a la necesidad de realizar una hoja de ruta con medidas concretas para la transición energética en Mallorca de cara al año 2030.

En materia fiscal, el GOB plantea la revisión de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB) como un instrumento de «transición socioecológica» que cuente con la participación de actores sociales. En este sentido, Ramis ha instado a revisar el decreto que regula la gestión del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

«Nos hemos mostrado críticos con el ITS, con sus objetivos, con los proyectos financiados y, sobre todo, con la forma de tomar las decisiones para priorizar los proyectos, ya que nuestra participación en la Comisión ha sido simbólica y sin trascendencia, los proyectos siempre han sido a propuesta del Ejecutivo, quien tiene la garantía de que sean aprobados aun con el voto contrario del resto de agentes», ha explicado Ramis.

Otras medidas planteadas por el GOB son la redacción de un Plan Integral de gestión y ordenación del litoral para evitar la «dispersión de competencias» en materia de costas o la ampliación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de s'Albufera y del Parque de Llevant de Mallorca, así como la aprobación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Sa Marina de Llucmajor.

«Todos los límites que se censuraban en 2015 han sido, desgraciadamente, ampliamente superados sin que hayamos visto voluntad política por cambiarlo en estos últimos cuatro años», han zanjado desde el GOB. Sobre la reedición del Pacte, la entidad considera que «no es garantía» para la aplicación de políticas de «cambio de modelo» que, según han sostenido, «requiere la situación de emergencia socioambiental» de Baleares.