Un total de 1.508 viviendas han sido visadas en Baleares en la primera mitad de 2019, lo que representa una bajada del 5% respecto al mismo periodo de 2018, según datos del informe estadístico de la edificación publicado este lunes por el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib).
En una nota de prensa, el Coaib ha alertado de que la caída hubiera sido del 12% de no ser por las viviendas de protección oficial (VPO), con 123 nuevas viviendas visadas en el primer semestre.
En este sentido, en su informe el Colegio resalta que tras cinco años de evolución positiva de la edificación, «se confirma la ralentización y retroceso de las variables», como ya anticipó al cierre de 2018.
La proporción de las VPO sobre el total de visados ha aumentado en la última década. El Colegio ha especificado que entre 1999 y 2008 se visaron 2.474 VPO, que representaban el 3,82% de las viviendas totales visadas. Entre 2009 y 2019 se han visado 565 VPO, que suponen un 5,40% sobre el total.
Los datos del Colegio de Arquitectos también revelan que se visan menos viviendas pero son de mayor presupuesto. En concreto, el presupuesto visado en vivienda unifamiliar (416 millones de euros) en el primer semestre de 2019 representa la cifra más alta desde 2005.
Por su parte, el presupuesto visado en vivienda plurifamiliar (123 millones de euros) en el primer semestre de 2019 está aún lejos de dichos niveles: se sitúa en un 23% del máximo alcanzado en el mismo periodo 2007.
Por Islas, en Mallorca caen todas las variables: un -4% el número de obras, un -1% el número de viviendas y un -17% el presupuesto. En Menorca desciende un -1% el número de obras, incrementa un 63% el número de viviendas visadas y cae en un -1% la variable del presupuesto. En Ibiza y Formentera, crece un 2% el número de obras, cae un -33% el número de viviendas como también en un -3% el presupuesto de visado.
El Coaib ha deseado, «ante el palpable problema de acceso a la vivienda por los residentes», un incremento de actividad en la vivienda plurifamiliar.
El Coaib ha tildado de «significativo» el descenso de la edificación turística (hotel, apartotel, agroturismo y otros), en el número de obras (-42% desde 2017). Se contabilizan 88 visados en este sector en el primer semestre de 2019, cuando en el mismo periodo de 2017 la cifra de edificios turísticos se elevó a 152.
También ha descendido el presupuesto visado en edificación turística, que ha arrojado la cifra menor desde 2015, con un descenso interanual del 56%: de 151 millones de euros del primer semestre de 2018 a los 67 millones de este año. En Ibiza-Formentera dos proyectos de envergadura sostienen el presupuesto visado.
A la vista de estos datos, los arquitectos de Baleares han avisado de la importancia de impulsar medidas «que faciliten en el tiempo un crecimiento equilibrado en todos los usos de la edificación», por lo que piden legislar «con el máximo consenso y una visión a largo plazo».
Además, el Colegio de Arquitectos de Baleares pide refundir y simplificar la legislación actual. Cree necesario potenciar iniciativas para la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas «conforme al modelo de núcleos urbanos compactos mediterráneos», y plantea reducir los tiempos de tramitación administrativa de los proyectos a tres meses. El plazo de resolución de la licencia de obras es de 16 meses en Baleares, de 28 meses en el caso de Ibiza. Para la institución, la administración electrónica es «una gran oportunidad para ganar eficacia».
Asimismo, el Colegio reclama invertir en la promoción de la vivienda pública destinada al alquiler social «con precios ajustados y calidad garantizada"; orientar las inversiones públicas hacia la ejecución de mejoras en el espacio público y en la red de infraestructuras urbanas; reactivar la vivienda plurifamiliar; revisar la legislación sobre habitabilidad «para adaptar las tipologías a los nuevos estilos de vida"; promover la eficiencia energética, «sobre todo, en el parque ya existente"; y mejorar las políticas de movilidad.
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Los inversores españoles todavía no se han recuperado del susto de la crisis de 2007, y los extranjeros huyen despavoridos ante la terrible inseguridad jurídica y lentitud de las administraciones que se encuentran al llegar. El Govern puede influir mucho en que haya un cambio de tendencia (incentivar a los inversores nacionales, reducir burocracia y acabar con la inseguridad jurídica). La pregunta es, si quiere cambiar la tendencia o si quiere seguir repartiendo miseria.